La puja vallenata: se agudiza la disputa interna por la rectoría de la Universidad Popular del Cesar

El pasado 22 de septiembre, a las tres de la tarde, los diez miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar caminaron por los pasillos de la Sede Hurtado hasta la sala de juntas para ocupar las sillas ubicadas alrededor de la larga mesa de madera en la que, por lo menos una vez al mes, se reúnen para discutir temas administrativos de la institución. El asunto de la sesión correspondía a un proceso clave: la definición del calendario electoral para elegir al rector del periodo 2026-2030. Sin embargo, lo que parecía un encuentro rutinario, marcó el inicio de una nueva disputa por el poder.

Ese lunes todos los termómetros marcaban más de 32 grados centígrados en la capital del Cesar. El calor se tornó aún más intenso en la sala de juntas cuando el delegado del Ministerio de Educación ante el CSU, Xavier Estrada, decidió levantar la sesión de forma unilateral. La determinación del funcionario, quien también preside el órgano de gobierno de la institución, impidió la discusión del calendario electoral pese a que todos los consejeros habilitados para votar estaban presentes en la sesión.

Joaquín Manjarrés, el líder gremial que ocupa la silla del sector productivo en el CSU, recuerda haber golpeado con su mano derecha cuatro veces la mesa semicircular como muestra del rechazo a una decisión que –según los estatutos de la universidad– solo se podía adoptar tras la aprobación del órgano en pleno. Su molestia y la de otros miembros aumentó cuando el actual rector, Rober Romero, declaró moción de orden y abandonó el recinto en cumplimiento de la determinación de Estrada.

CAMBIO conoció la denuncia radicada ante la Procuraduría por Jorge Luis Gutiérrez, miembro de la comunidad universitaria, tras la decisión del presidente del CSU. En la acción legal, se plantea que el delegado del Ministerio de Educación habría actuado de forma arbitraria, extralimitado sus funciones y afectado el desarrollo del proceso.

“La actuación de Estrada termina en una dilación injustificada y afecta directamente la transparencia, la legalidad y la credibilidad del procedimiento democrático en el interior de la universidad. Se podría configurar un abuso de poder”, se lee en la denuncia, que está en manos de la Procuraduría Regional de Instrucción de Cesar, en la que se solicita iniciar una investigación disciplinaria y suspender provisionalmente al presidente del CSU. 

Los requerimientos y quejas aumentaron luego de que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien investiga posibles irregularidades en ocho procesos de contratación en la universidad por más de 15.000 millones de pesos, pidió al rector informar si el delegado Estrada ha presentado declaraciones de conflicto de interés “con ocasión de su vínculo de amistad”.

En contraste, el representante de los docentes, Guillermo Echavarría, explicó que la sesión se habría levantado por el incumplimiento de requisitos para discutir un proyecto de acuerdo. El profesor, experto en derecho administrativo, enfatizó en que esa revisión requería de un trámite que debía completarse cinco días antes de la sesión.

“No podíamos seguir en la discusión de un acuerdo que, en caso de que continuáramos debatiendo, al final nos íbamos a limitar. Podíamos hasta generar algún tipo de consecuencia penal o disciplinaria en nuestra situación. De hecho, en caso de expedirse, ese acto administrativo tendría vicios de legalidad”, sostuvo Echavarría.  

La jugada clave en el tablero electoral de la Universidad del Cesar: ¿sesión irregular o maniobra dilatoria?

Una semana después de la polémica sesión en la que se definirían las fechas clave del proceso electoral, el Ministerio de Educación envió una carta al Consejo Superior de la Universidad del Cesar. Solicitaba a los miembros abstenerse de realizar la sesión extraordinaria prevista para el pasado primero de octubre. En su advertencia, la cartera cuestionó que el encuentro se adelantara sin la convocatoria del secretario general, y ante la ausencia de Estrada y de Juliana Guerrero, la designada del presidente Gustavo Petro.

La subdirección de Inspección y Vigilancia del ministerio reveló que en el caso se podría presentar una transgresión normativa debido a la falta de convocatoria del presidente del CSU. Por eso, a una hora y media del inicio de la sesión, la cartera advirtió que los miembros del consejo que participaran en el encuentro se enfrentarían a una multa superior a los 142 millones de pesos.

El delegado del Ministerio de Educación en el órgano de gobierno de la institución pública, Xavier Estrada, explicó a CAMBIO que la normativa establece que las sesiones deben ser convocadas por el presidente del CSU o por decisión del rector. Sin embargo, reconoció que el reglamento vigente también permite que cuatro o más miembros propongan la realización de las discusiones.

“Se instaló y se aprobó el orden del día que ellos llevaron. No obstante, cuando se abordó la discusión de este, el Secretario General da cuenta que no existe un “proyecto de Acuerdo de calendario electoral”, sino un cuadro en Word con un cronograma. Así las cosas, resultaba improcedente tomar una decisión”, detalló el presidente del Consejo Superior de la institución.

Juliana Guerrero, representante de la Presidencia en el órgano de gobierno universitario, explicó que el reglamento permite identificar incumplimientos en la convocatoria, puesto que no se completó el trámite a través de la secretaría general. A su vez, el Ministerio de Educación advirtió que la actuación de quienes promovieron el encuentro podría vulnerar el acuerdo 009 de 2016.

El acuerdo citado por la cartera establece que el secretario general del Consejo Superior debe avocar el conocimiento de las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias.  Además, en la normativa de la institución se plantea que en la solicitud debe presentarse el orden del día con sus respectivos soportes, fecha, hora y sitio de la reunión.

Pese a que Estrada y Guerrero sostienen que se habría ignorado el trámite definido, CAMBIO conoció el correo en el que cinco miembros del CSU –uno más del mínimo exigido– convocaron la sesión del pasado primero de octubre. El mensaje, en el que se presentó la información solicitada, se envió el 30 de septiembre con copia al delegado del Ministerio de Educación, a la representante de la Presidencia, al rector y al secretario general.

Uno de los firmantes de la convocatoria explicó que es posible que el secretario general, Luis José Rodríguez –quien desempeña sus funciones en la institución bajo la directriz del rector Romero– simplemente haya olvidado reenviar el correo para materializar o legitimar la convocatoria. El problema radica en que ese posible “descuido” se presentó ante una sesión crucial. Por eso parece inviable que el proceso electoral previsto en la Universidad del Cesar se realice antes de finalizar 2025. 

El problema del proceso de reelección, el origen de las disputas

En los pasillos de la Universidad del Cesar, para nadie es un secreto que el rector Rober Romero es uno de los más opcionados a ocupar el cargo más alto de la institución por cuatro años más. De hecho, pese a cuestionamientos de algunos sectores, sus críticos reconocen que la gestión del doctor en ciencias políticas se ha caracterizado por otorgar estabilidad a una institución que tuvo 14 rectores en 15 años.

El centro de la discusión ante la inminente jornada electoral universitaria es el proceso de reelección. Durante más de dos décadas, el acuerdo 038 de 2004 ha establecido que los rectores pueden aspirar por extender su periodo. No obstante, la normativa prohíbe la candidatura de quienes hayan realizado funciones de dirección, administración o gobierno durante los tres meses previos a la fecha de la designación.

Un excandidato a la rectoría, exconsejero y miembro de la comunidad universitaria por más de 15 años explicó a CAMBIO que el rector Romero estaría interesado en modificar el parágrafo que fija los requisitos para aspirar al cargo sin tener que renunciar a sus funciones. Sin embargo, el líder de la institución ha descartado esa posibilidad y explicado otro escenario de intervención al acuerdo.

En junio de 2024, el Consejo de Estado declaró la nulidad de un numeral clave para aspirar a la rectoría. El alto tribunal revisó y accedió a las pretensiones de una demanda presentada por un docente de la institución sobre la normativa en la que se establecía como requisito acreditar residencia permanente en Cesar durante los últimos cinco años.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó que es posible que los aspirantes residieran en el departamento por ese periodo, pero no necesariamente de forma continua, puesto que ese requisito afectaba el derecho de los ciudadanos a acceder al cargo. En ese sentido, el rector Romero ha reiterado que una posible modificación al artículo de requisitos de elección se realizaría solo para cumplir con la sentencia del alto tribunal y no para permanecer en el cargo hasta el momento de la elección.

“Bajo ese entendido, lo correcto es que el Consejo Superior adopte la orden del Consejo de Estado, para armonizar el artículo contentivo de los requisitos y calidades para ser Rector de la UPC, necesariamente antes de la expedición del calendario electoral. De no hacerlo, se incurriría en desacato a una orden judicial”, indicó Xavier Estrada a CAMBIO.

Por su parte, Carlos Darío Morón, representante de los exrectores ante el CSU, sostuvo que el rechazo de al menos cinco miembros del órgano de Gobierno a las pretensiones de modificar el acuerdo 038 sería la razón por la que se levantó la sesión del 22 de septiembre y se promovió la cancelación de la programada para el primero de octubre. “Ellos saben que no cuentan con los votos, pero también conocen bien que pueden romper el quorum para impedir que se hunda esa iniciativa”, afirmó.

La Universidad del Cesar: las advertencias sobre la institución académica convertida en fortín electoral

La Gobernación, la Alcaldía de Valledupar y Corpocesar son las únicas tres entidades departamentales que manejan más recursos que la institución de educación superior. La entidad cuenta con un presupuesto anual de 170.890 millones de pesos y es habitual contratista de organismos locales y nacionales, por lo que su manejo de recursos es amplio y estratégico.

Durante décadas, la institución ha sido utilizada como fortín electoral por clanes que operan en la región. De hecho, el segundo concejal más votado en Valledupar en las elecciones territoriales de 2023 fue un sobrino del actual rector. Por eso, representantes de la comunidad estudiantil advirtieron que uno de los mayores riesgos de la dilación para establecer el cronograma electoral corresponde a que se realizaría en fechas cercanas a los comicios presidenciales y legislativos, lo que provoca suspicacias por la posibilidad de que la contienda académica termine contaminada por intereses políticos nacionales.

“Infortunadamente, cuando se abran las inscripciones de aspirantes a la rectoría, la universidad entrará en receso académico y no se podrá hacer la consulta estamentaria sino hasta cuando se retorne a clases en el semestre 2026-I. Así que no se trata de un asunto caprichoso, sino de mera coincidencia”, sostuvo el presidente del CSU de la institución. 

Juliana Guerrero explicó a CAMBIO que el próximo martes 7 de octubre se discutirán los mismos temas de la sesión que el ministerio pidió cancelar ante presuntas irregularidades. No obstante, los miembros del CSU y representantes estudiantiles coinciden en que las elecciones ya no se podrán realizar este año debido al ajustado calendario para cumplir con cada uno de los trámites requeridos.

“Es necesario surtir procesos como inscripción, verificación de requisitos y divulgación de propuestas para realizar la consulta estamentaria, en la que participan estudiantes, docentes y egresados. La votación se debería realizar a más tardar el 20 de noviembre, antes de la semana de parciales, que era la fecha que se pretendía fijar en la sesión cancelada. Los tiempos ya no cuadran y nos iremos al otro año”, explicó Joaquín Manjarrés, representante del sector productivo en el CSU.

Miembros del CSU han advertido que el límite establecido para renunciar al cargo antes de las votaciones es fundamental para evitar en próximos procesos despidos injustificados y coacciones a docentes y estudiantes en plena época electoral. Además, temen que la situación derive en hechos como los registrados en la Universidad del Atlántico, donde fue suspendida la consulta para elección de rector por graves alteraciones al orden público.

Por el momento, el pulso por la rectoría del Cesar se mantiene como una partida inconclusa, en la que cada movimiento despierta sospechas en el contrincante, las jugadas se enredan en el reglamento y, mientras tanto, el jaque mate al calendario electoral mantiene en veremos el proceso con el que se elegirá al próximo rector de una institución con más de 17.000 estudiantes.