La Fiscalía acusa al exdirector de Función Pública César Manrique por presunta corrupción en contratos de la UNGRD
El exdirector de la Función Pública, junto con siete personas más, fue acusado por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por: Juan David Cano
La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exdirector de Función Pública César Manrique Soacha por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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De acuerdo con la investigación, Manrique habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el compromiso de favorecer a ciertos oferentes en los contratos derivados de esos recursos.
Las otras personas que fueron acusadas
Junto al exfuncionario fueron acusadas siete personas más, entre ellas Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes fungían como contratistas de la UNGRD. También figuran Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, respectivamente; Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la Dirección de la Función Pública; y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la entidad.
Según el ente investigador, los implicados habrían direccionado contratos para la compra de los ya sonados 40 carrotanques. Además, también habrían participado en el direccionamiento de contratos para el suministro de plantas desalinizadoras y la habilitación de pozos de agua potable, además de contratos de servicios de topografía nacional.
El contrato más representativo, como ya se mencionó, fue el de los carrotanques. Este fue suscrito con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos, destinado a suministrar los equipos para llevar agua a comunidades indígenas de La Guajira. La Fiscalía detectó sobrecostos por más de 11.000 millones de pesos, de los cuales, según las pruebas, 3.000 millones habrían sido entregados a Manrique, 2.060 millones a Riveros Rey y 4.330 millones habrían quedado en manos de los directivos de la corporación.
“Por todo lo anterior, los procesados serán acusados, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público”, dijo la Fiscalía.
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