Paras, narcos y la SAE: la disputa secreta por un terreno multimillonario en Cartagena

Si un empresario tuviera que imaginar el paraíso terrenal de seguro tendría las siguientes características: 347 hectáreas, dos kilómetros de playa, otros dos de vía nacional y una cantera en la mitad para extraer arena gruesa y fina. Todo lo tiene el predio La Europa, un inmueble a media hora de Cartagena que alguna vez estuvo en los planes de Disney y lleva más de una década en un lío judicial. La historia involucra a testaferros del Cartel de Cali, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y un paisa de 74 años que le ha dedicado el treinta por ciento de su vida a pelear por una joya inmobiliaria que, según dice, podría valer casi un billón de pesos. 

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Leonardo Calle Restrepo es un hombre de negocios de Medellín. De estatura media y barba canosa, siente que, a su edad, cada día más se apacigua la angustia de pensar en qué podría perder si sigue insistiendo en reclamar un lote que, tozudamente, reivindica como suyo. “Ha sido una lucha infernal”, dijo Calle sobre su maratón en juzgados y el conocimiento que ya tiene -a fuerza de pleito jurídico- de derechos de petición, reclamaciones y cartas que han llegado incluso al presidente Gustavo Petro.

Lo que pide Calle es simple: que La Europa sea devuelta a sus manos y las de otros empresarios a quienes representa y que adquirieron el predio en los años noventa. El problema es que, tras años de trámite judicial, en mayo pasado el predio pasó de estar en manos de la SAE a ser propiedad de dos españoles que en el pasado fueron vinculados con el narcotráfico. 

Por ello, en los últimos tres meses, Calle ha visto cómo ese patrimonio multimillonario que sueña explotar empezó a escabullirse por segunda ocasión. Pero esta vez no fue por obra del despojo del Cartel de Cali, sino por la decisión de un juzgado que argumenta haber actuado conforme a la ley.

‘De compras’ con el Cartel de Cali

En 1996, Calle y sus socios compraron, a través de su compañía Promotora Turística Internacional, los valiosos predios a la empresa Caribe de Indias S.A. La transacción quedó registrada en la Notaría Segunda de Cartagena el 27 de junio de ese año y posteriormente los compradores se dedicaron a sanear la propiedad de los terrenos. 

En la cabeza de los socios estaba desarrollar un proyecto inmobiliario de alto impacto, lo que implicaba la venta de lotes dentro de las 347 hectáreas. Para hacer ese eventual proceso más fácil decidieron entregar el inmueble a través de un contrato fiduciario a Fiduciaria de Occidente, por ese entonces filial del Banco de Occidente, con sede principal en Cali. Hasta aquí la historia romántica de un ‘colombian dream’ va viento en popa.

Sin embargo, a finales de los noventa y principios de los 2000 la situación se enturbió cada vez más. Según Leonardo Calle, los hermanos Rodríguez Orejuela -en ese momento ya presos en la cárcel de Girón, Santander- se interesaron en el predio por sus irresistibles atributos: playa, brisa, mar y mucho potencial de explotación y lavado de dinero. Fue así como hicieron llegar una oferta a través de ‘interpuesta persona’ a Calle y sus socios, pero estos, al olfatear el origen del cheque que estaba sobre la mesa, dijeron que no.

Pero el costo de la negativa a los dos capos encerrados fue quizás tan alto como el valor de La Europa. Según el empresario Calle, el entonces decadente Cartel de Cali echó mano de uno de sus aliados en el norte del país: Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Miki Ramírez, un camaleón de los carteles colombianos. Ramírez fue parte del Cartel de Medellín, pero al ver lo que Pablo Escobar hizo con las familias Moncada y Galeano se convirtió en un ‘sapo’ mayor. Así consiguió beneficios jurídicos y protección del Estado. 

Después de la muerte de Escobar, Miki se quedó con el dominio de varias rutas del narcotráfico que aprovechó en alianza con el Cartel de Cali y el Cartel de la Costa.  “Miki Ramírez: de delator a capo del narcotráfico”, tituló El Tiempo en junio de 1996 cuando las autoridades ya sabían que el de la lengua larga seguía ‘traqueteando’.

Ramírez también diversificó su empresa criminal hacia la conformación y patrocinio de grupos paramilitares en Bolívar, Sucre y los Montes de María. Fue a través de estas estructuras armadas que, según los empresarios, los presionaron para abandonar los derechos de propiedad sobre el lote cercano a Cartagena a punta de intimidaciones, secuestros y amenazas de muerte. Pero el golpe definitivo estaba por venir, y no en una zona de combate sino desde el escritorio.

A través de una compleja maniobra jurídica, en el año 2000 el valioso inmueble salió del encargo fiduciario de la Fiduciaria de Occidente y un juez de Cartagena ordenó su remate argumentando la existencia de un embargo. El problema es que, según Calle y sus socios, nunca fueron informados de ese proceso por parte del Juzgado Segundo de la ciudad. Aun así, después de la subasta el predio pasó a manos de la Fundación Unilatina, cuyo representante legal era el abogado Guillermo Bautista Moller. 

Bautista fue condenado en 2013 junto a Miki Ramírez por peculado por apropiación tras comprobarse que, con engaños, recibieron subsidios de Finagro en Caquetá para supuestos proyectos productivos. Para Calle, hubo un contubernio entre funcionarios regionales de la Fiduciaria, el señor Bautista y Miki Ramírez. Además, para el empresario paisa, es inevitable obviar la suspicacia del arraigo de la fiduciaria en la capital del Valle del Cauca, así como los antecedentes de una sanción al Banco de Occidente en el siglo pasado por el lavado de activos del Cartel de Medellín, según una investigación de Gerardo Reyes en Univisión.

‘De buena fe’

En el 2000, el mismo año en el que se quedó con los terrenos, Guillermo Bautista Moller permutó el predio con la empresa Euromar Caribe, representada por Hernando Mejía Uribe. En 2009, esta firma fue incluída en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos así como Bautista Moller, quien fue capturado en Cartagena. 

Por ese entonces, Washington impuso sanciones a 25 empresas y 14 personas en Colombia, España y Países Bajos por estar relacionadas con los Rodríguez Orejuela. Además, hubo más de 30 capturas en el país. La operación se hizo gracias al informante Gustavo Romni, quien confesó haber movido 20 millones de dólares no reportados de los capos del Cartel de Cali tras el acuerdo que firmaron en 2006 con los norteamericanos para proteger a sus familiares. Los hallazgos del imperio oculto desmoronaron el acuerdo y le abrieron las puertas de la cárcel a allegados de los Rodríguez. 

Las sanciones de Washington también generaron que decenas de empresas y bienes pasaran a proceso de extinción de dominio, entre ellos La Europa. El lote multimillonario quedó en manos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes que posteriormente se transformó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

Sin embargo, en mayo pasado y después de varios años de litigio, la SAE expidió la resolución 189 de 2025. A través de ella, la entidad ordenó la devolución del valioso predio y el 86 por ciento de Euromar Caribe a sus dueños, indicando que los propietarios son los españoles Laureano Ramos y Marcos Fernández Montero.

La SAE refiere los nombres de estos dos ciudadanos europeos, pues antes de 2009 adquirieron el 86 por ciento de la empresa Euromar Caribe a través de una negociación con Hernando Mejía Uribe. De hecho, es por esa transacción que Laureano Ramos, Marcos Fernández Montero y la mayoría de sus empresas en Europa también terminaron en la Lista Clinton en 2009 y en un organigrama hecho por el Departamento del Tesoro sobre la supuesta red oculta de los Rodríguez Orejuela.

“Hernando Mejía es el cabecilla de esta red de colombianos y españoles que colaboraron para ocultar activos pertenecientes a miembros de la familia de los cabecillas del cartel de Cali”, dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros en ese momento.

Sin embargo, la devolución del predio por parte de la SAE no fue un capricho. Obedeció a una resolución de 2023 de la Fiscalía 19 de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio y confirmada en el Tribunal Superior de Bogotá. Según esa decisión, el proceso de extinción de dominio era “improcedente”. 

Por supuesto, este giro en la historia representó un duro revés para el empresario Leonardo Calle y sus socios, quienes consideran que la Fiscalía 19 actuó desconociendo el contexto de despojo del valioso terreno cerca a Cartagena. De hecho, Calle denunció a los funcionarios judiciales que participaron en ese proceso y, en respuesta a un derecho de petición del empresario, la fiscal que tomó la decisión respondió a los señalamientos.

“Se probó plenamente que (los españoles Ramos y Fernández Montero) son terceros de buena fe, pues para la fecha de los hechos en que se asociaron y compraron los inmuebles, se desconocían las actividades ilícitas del señor MEJIA URIBE, no tenía antecedentes ni investigaciones pendientes”, dijo la fiscal Sandra Rodríguez Agudelo en una respuesta oficial del pasado 17 de septiembre conocida por CAMBIO.

En otras palabras, según la fiscal, antes de 2009 no había certeza que Mejía Uribe tenía relación con el Cartel de Cali y por lo tanto no tenían cómo saber que los bienes adquiridos tenían esa mancha, una versión difícil de creer para el empresario Leonardo Calle. 

Además, en su escrito la fiscal Rodríguez llama la atención en el sentido en que, en los últimos 20 años, no ha sido comprobada por la justicia ninguna de las irregularidades relacionadas al despojo que ha denunciado el empresario Leonardo Calle. Igualmente, calificó como “temerarias” las acusaciones de Calle contra la SAE, pues esta entidad solo se ha dedicado a administrar el inmueble y acatar los mandamientos de la justicia. CAMBIO consultó a la SAE sobre su postura respecto a este caso, pero a la fecha de cierre de este artículo no hubo respuesta. Este medio también verificó en las bases de datos de los Estados Unidos y comprobó que los españoles ya no aparecen en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.

Por su parte, el empresario Calle sigue sin dar crédito a los argumentos de la fiscal Rodríguez e insiste en que detrás del largo proceso de ‘La Europa’ hay intereses oscuros por el valor y las características del predio: una extensión superior a las 300 hectáreas, línea de playa y una cantera que ha venido siendo usufructuada por Sarta y Aragón, la empresa que administró el terreno durante el tiempo que duró bajo tutela de la SAE. 

Incluso, Calle hace una infidencia: antes de la pandemia, emisarios de Disney lo contactaron para preguntar por los terrenos con el objetivo de hacer un proyecto inmobiliario y turístico. De hecho, según fuentes en la ciudad, la icónica marca también se interesó en otro terreno de la SAE: Lagos de Altamira, propiedad de Iván Urdinola Grajales, capo del Cartel del Norte del Valle. Al final, ninguna negociación prosperó.

El empresario Calle asegura que insistirá hasta el final con las denuncias que tiene en curso en la Fiscalía contra la SAE y la fiscal del caso para que los derechos de propiedad que dice tener legítimamente sobre los terrenos no sea ‘un cuento de hadas’.