“Traten que todo coincida”: así encubrieron jueces penales militares casos de ‘falsos positivos’
Expedientes en costales y un esfuerzo unificado para encubrir las ejecuciones extrajudiciales mostraron que, lejos de hacer su tarea, los jueces penales militares contribuyeron al entramado criminal por el cual fue condenado el excomandante del Batallón La Popa, coronel (r) Publio Hernán Mejía. JEP pidió a la Fiscalía investigarlos.
La mañana del 31 de julio de 2003, Atilio Buyones Solís salió de su casa, ubicada en una vereda de Pueblo Bello, Cesar, para comprar cosas que necesitaba para su cultivo de tomate. Nunca regresó. Fue asesinado por el pelotón Albadrón 1 del Batallón La Popa del Ejército Nacional, al mando del sargento Ángel Mauricio Suaza Lozada, en una finca llamada La Carolina. Al día siguiente llevaron el cuerpo de Buyones al cementerio de Pueblo Bello, donde su familia, que lo estaba buscando, lo identificó.
Suaza reconoció que no hubo combate, que el soldado Wilder Campos le disparó a Atilio y que le exigió 30 días de descanso por el resultado. Así lo dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del juicio transicional adelantado contra el entonces comandante del Batallón, coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. En sus palabras: “Fue un combate, organice y haga el informe de patrullaje, que todas las versiones coordinen”, recordó Suaza.
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