¿Por qué un juez negó tutela de Paloma Valencia contra decreto de emergencia económica?

El juez 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó, por improcedente, la tutela presentada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y las de otros ciudadanos, contra el decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica. Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre ¿Qué dice la tutela de Paloma Valencia y Gabriel Vallejo? La tutela interpuesta por Valencia y Vallejo advertía que los problemas por los que se declaró la emergencia económica no eran nuevos y, por tanto, su existencia no habilitaba al presidente Gustavo Petro para emitir dicho decreto. Además, incluía una solicitud para suspender de forma inmediata los efectos del decreto hasta que finalizara la vacancia judicial de la Corte Constitucional, pues Valencia y Vallejo consideraban que, mientras el alto tribunal tenía suspendidas sus funciones, existía un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos. También había una petición para ordenar al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, recaudar o exigir nuevos impuestos o cargas tributarias derivados del decreto de emergencia, mientras se decidía de fondo sobre su constitucionalidad. El Centro Democrático presentó una acción de tutela contra el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro, por ser abiertamente inconstitucional y constituir un abuso del poder para imponer nuevos impuestos de manera arbitraria. El partido solicitó la… pic.twitter.com/nJrrwlC8Cu — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 24, 2025 ¿Cuáles fueron los argumentos del juez para negar las tutelas? El juez argumentó que la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo o sustituto del control de constitucionalidad atribuido a la Corte Constitucional. Según él, de acceder a las pretensiones de los accionantes de suspender el decreto, esto “implicaría desconocer tanto en el plano fáctico como en el sustancial el diseño institucional y procedimental que el constituyente previó”. Asimismo, aseguró que ello conllevaría “una grave desnaturalización del carácter residual y subsidiario de la acción de tutela”, pues desplazaría las competencias de la Corte Constitucional, “alterando de forma indebida el equilibrio funcional y constitucional entre las ramas del poder público”. “Tal escenario no solo desbordaría las competencias propias del juez de tutela, sino que introduciría un factor de inestabilidad e inseguridad jurídica (...). Ello podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios, afectar la coherencia del ordenamiento jurídico y comprometer la certeza y previsibilidad de las normas, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho” , indica el fallo. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Créditos: Colprensa El juez explicó que el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela no procede cuando se dirige contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. En ese sentido, el decreto de emergencia económica es un acto de naturaleza general, “ cuyos efectos no se proyectan de manera directa, concreta e individualizada sobre los accionantes, sino que se predican respecto de la colectividad en su conjunto, lo que descarta la configuración de una vulneración susceptible de ser amparada en sede de tutela”. Bajo ese argumento, el juez afirmó que las eventuales afectaciones de derechos fundamentales alegadas por los accionantes como consecuencia del decreto son hipotéticas y conjeturales, pues no se evidencia “una lesión cierta, actual o al menos individualizable que haga meritoria y habilitante la intervención excepcional del juez de tutela”. Por último, mencionó que la Corte Constitucional, en diferentes oportunidades, ha revisado decretos legislativos expedidos durante períodos de vacancia judicial y ha tomado las decisiones necesarias para corregir irregularidades. Sin embargo, aclaró que dicho control no se resuelve de manera inmediata, pues, por su alta complejidad, exige un estudio riguroso. “Por tanto, la ausencia temporal de dicho control no justifica la intervención del juez de tutela ni la suspensión del decreto por esta vía”, concluyó.

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