Procuraduría respaldó a la senadora Isabel Cristina Zuleta en las demandas que piden su 'muerte política'

El 21 de junio del año pasado, el presidente de la república, Gustavo Petro, compartió tarima en un evento público en la Plaza de la Alpujarra en Medellín, con José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, entre otros duros capos de las bandas criminales que azotan al Valle de Aburrá.

El evento, enmarcado en los diálogos de paz urbana (autorizados por el Gobierno) con las bandas de Medellín y del Valle de Aburrá, inmediatamente fue bautizado por parte de la opinión pública como el ‘tarimazo’. Y detrás del ‘tarimazo’ tuvo un rol protagonista la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, designada por el Ejecutivo como coordinadora de las conversaciones socio-jurídicas con las mencionadas estructuras.

Por ese polémico evento, en el que Zuleta logró la autorización para sacar temporalmente de la cárcel de Itagüí a los peligrosos capos de la capital antioqueña, llegaron dos demandas al Consejo de Estado pidiendo la pérdida de investidura o la ‘muerte política’ de ella. Las demandas cuestionaron que Zuleta incurrió en un presunto tráfico de influencias porque, supuestamente “abusando de su poder”, logró el traslado de los reclusos a “un acto eminentemente político y público”.

“Zuleta consigue el traslado de los condenados de la cárcel a un acto político por fuera de la misma, abusando de su fuero como congresista ante el director del Inpec, menoscabando la dignidad del cargo de senadora”, señaló William Quintero Villarreal, uno de los demandantes.

“Debía saber que actuaba contra derecho y aun así no adoptó medidas para evitarlo”, señaló Johan Pérez Becerra, otro de los demandantes.

Procuraduría pide desestimar las demandas contra Isabel Zuleta

El procurador delegado ante el Consejo de Estado Carlos José Holguín le pidió a la alta corte que desestime las demandas que piden la pérdida de investidura de la senadora Zuleta, al advertir que no está acreditado que, del llamado ‘tarimazo’, se produjera algún tipo de beneficio político para la parlamentaria.

“Al no encontrarse configurados los elementos objetivos de ninguna de las causales invocadas, considera el Ministerio Público solicitar, de manera respetuosa, proceder a negar la solicitud de pérdida de investidura”, señaló el agente de la Procuraduría.

“La resolución en cuestión facultó ampliamente a la coordinadora (Zuleta) para facultar todos los actos necesarios y tendientes para entablar conversaciones socio-jurídicas con organizaciones de crimen de alto impacto”, señaló el procurador Holguín.

Zuleta asegura que se siente perseguida

La senadora Zuleta manifestó ante la alta corte que sus gestiones estaban debidamente autorizadas y no corresponden a un tráfico de influencias. “No he confundido mi labor y no es cierto que haya tenido ninguna intencionalidad distinta, o haya ofrecido algo al Inpec para que gestionara este traslado. El evento que se hizo en Medellín tenía una única finalidad: exponer los avances en el proceso”, señaló.

“Es cierto que eso incomodó a un sector importante de nuestra sociedad y de nuestro país, y desde ese momento me he sentido perseguida, porque no consideraron pertinente este evento y la exposición pública de privados de la libertad que hacen parte de un proceso de paz”, añadió la senadora.

“Yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie, hice una solicitud por escrito, con base en la delegación que me dio el señor presidente, para que pudiesen participar estas personas que, como ustedes pudieron constatar, participaron y volvieron a sus centros de reclusión”, añadió Zuleta.

Tras la exposición de los argumentos, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado, que deberá ponderar los argumentos de las demandas, el concepto del Ministerio Público y la defensa de Zuleta.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.