La batalla por la Alcaldía de Fonseca: magistrados del Consejo de Estado bajo la lupa de la justicia

Tres elecciones, dos victorias, una sentencia que lo sacó del cargo y un carrusel de fallos contradictorios que en un solo día pasó por cuatro decisiones judiciales opuestas. Eso es lo que ha vivido Fonseca, en La Guajira, en dos años. Detrás del sainete institucional hay una denuncia contra cuatro magistrados del Consejo de Estado por una maniobra procesal en la recta final del proceso que pudo haber cambiado el resultado de la sentencia, y los intereses de los caciques más poderosos de La Guajira peleando por un municipio de 32.653 votantes habilitados. Fonseca no es el único lugar donde esta historia se repite: en Girón y en Oiba, ambos en Santander, el mismo nudo jurídico produjo respuestas radicalmente distintas de las mismas instituciones. Lo que eso revela es más profundo que un enredo local: es que Colombia no tiene reglas claras para uno de los escenarios más recurrentes de su política.

En octubre de 2023, grupos armados incendiaron urnas y destruyeron material electoral en casi la mitad de las mesas de votación del municipio de Fonseca, en La Guajira. La Comisión Escrutadora Departamental decidió no declarar la elección y ordenó repetirla. El 17 de diciembre de ese año, en la segunda jornada, Micher Pérez ganó la alcaldía con el aval del Partido Alianza Social Independiente. El 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira ratificó su elección —con ponencia de la magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez— al considerar que la Comisión Escrutadora había actuado dentro de sus competencias. Hasta ese momento, Micher tenía el respaldo de la justicia. Pero pronto llegó un ‘pimponeo’ de distintas instituciones del estado que cambiaron el panorama en 180 grados.

Cuatro demandas de nulidad electoral habían sido interpuestas contra su elección ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, y todas apuntaban al mismo blanco: la decisión de la Comisión Escrutadora de repetir las elecciones de octubre. La primera la interpuso el abogado guajiro José Manuel Abuchaibe Escolar, quien argumentaba que la Comisión se había extralimitado en sus funciones al abstenerse de declarar los resultados y ordenar una nueva jornada. Las otras tres fueron presentadas por Enrique Luis Fonseca Pitre —el candidato perdedor del 17 de diciembre, representado por el abogado Joaquín José Vives Pérez—, por Diana Patricia Quintero Echávez y por Enrique Javier Orozco Daza. Todas alegaban irregularidades en el manejo del material electoral y, en algunos casos, trashumancia. La magistrada Plata Jiménez encontró que las cuatro compartían identidad de partes, objeto y causa jurídica, y el 21 de agosto de 2024 las acumuló bajo el expediente radicado 44-001-23-40-000-2024-00074-00. En otras palabras: cuatro demandas distintas, un solo proceso. Y ese proceso fue apelado ante el Consejo de Estado, donde llegó a la Sección Quinta.