“Cuando llegaban los contingentes de soldados a Toribío, se rifaban las niñas de la escuela”: habla Alejandra Miller, directora de la ARN

El 28 de enero de este año, una llamada alertó a la Policía Metropolitana de Medellín sobre un presunto feminicidio. El soldado regular Sebastián Villegas (21 años) le confesó a su madre que había asesinado a su novia, Isabella Mesa (19). Dicho delito fue registrado por los medios de comunicación como “otro” feminicidio ―cada uno expone una historia única de machismo atroz―, sin subrayar un factor diferencial: su perpetrador es un miembro del Ejército.

Pocos días después, en otro orden noticioso, integrantes del exsecretariado de las extintas Farc publicaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la cual expresaban su preocupación por el “empeño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado”. Dicha misiva manifestó dudas sobre la “seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo”, aseveró que eso “se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del acuerdo”, y argumentó que las cifras actuales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas”. No soportaron su afirmación con datos de dicha entidad.