Autoridades desarticularon redes financieras y criminales del Frente de Guerra Oriental del ELN

Luego de una semana del inicio de la Operación Oriente, realizada por tropas del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá y en los departamentos de Norte de Santander, Amazonas y Arauca, las autoridades lograron identificar el plan criminal del Frente de Guerra Oriental del ELN para lavar dinero y evadir los controles judiciales.

La investigación permitió ubicar a los principales cabecillas de la estructura ilegal: alias Pablito, alias Raúl y alias Sendales, quienes direccionaban millonarios recursos obtenidos de las finanzas ilícitas del narcotráfico y la extorsión hacia diversas fuentes económicas legales, con el propósito de dar apariencia de legalidad al dinero que ingresaba a la organización terrorista.

Según un informe conocido por CAMBIO, los investigadores determinaron que el grupo ilegal invertía miles de millones de pesos en la creación de múltiples negocios: propiedades, bienes inmuebles, empresas de telecomunicaciones, vehículos de carga, establecimientos comerciales, sociedades económicas (algunas con acciones en la Bolsa de Valores), fincas, haciendas, ganadería e incluso discotecas.

De acuerdo con el documento, el nivel de infiltración fue tan detallado que los investigadores lograron rastrear, de manera estratégica, uno a uno los bienes adquiridos de forma ilícita. Así mismo, comenzaron a identificar a las personas que harían parte de la red de testaferros del Frente de Guerra Oriental en distintas regiones del país.

Tras identificar el modus operandi del ELN, se dio inicio a una segunda fase de la operación, enfocada en infiltrar la red de testaferros con varios objetivos: reconocerlos, rastrear sus propiedades, ubicar la cadena de recursos ilegales y determinar su monto.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, algunos de estos testaferros decidieron colaborar entregando información a cambio de beneficios jurídicos y penas menos severas.

Una vez alcanzadas estas etapas, las autoridades desplegaron un equipo de investigadores financieros para rastrear el corazón económico del Frente de Guerra Oriental, con el propósito de desvertebrar la red de lavado de activos sostenida mediante empresas fachada.

Entre las propiedades detectadas en esta red figuran fincas, haciendas con varias hectáreas de extensión, empresas de telecomunicaciones, establecimientos comerciales, casinos, lujosos apartamentos y casas campestres, hoteles y discotecas.

Una fuente clave para conocer la estrategia de la estructura ilegal fue la colaboración de varios integrantes de esa red de testaferros, lo que permitió identificar las finanzas del Frente de Guerra Oriental.

“El testimonio, indicaciones, datos, documentos, números telefónicos y ubicaciones dadas a investigadores y autoridades judiciales por estos testaferros del ELN permitieron desarrollar de manera milimétrica, quirúrgica y exacta la Operación Oriente”, señala el informe.

Según la investigación, esa información –entregada a cambio de beneficios jurídicos– permitió individualizar a cada delincuente y a cada propiedad en Arauca, Arauquita, Saravena y Fortul, así como en Bogotá, Leticia (Amazonas) y Norte de Santander, zonas donde el Frente de Guerra Oriental había extendido sus tentáculos delictivos.

De acuerdo con el informe, fueron los mismos funcionarios quienes lograron convencer y persuadir a varios de estos testaferros para delatar a sus antiguos aliados y acceder a beneficios ante la justicia, mediante preacuerdos que incluso les permitieron conservar algunos bienes o venderlos para solventarse económicamente e iniciar una nueva vida –incluso en el exterior– lejos de las zonas donde servían al ELN.

Este golpe estratégico al Frente de Guerra Oriental del ELN se considera uno de los más contundentes propinados por las autoridades, al afectar directamente las redes logísticas y financieras de los cabecillas alias Pablito, alias Raúl o Nacho y alias Sendales, tres peligrosos delincuentes señalados de graves delitos como atentados terroristas contra la fuerza pública y la población civil, daños al medioambiente, homicidios, reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión y hurto de hidrocarburos.