Soy bachiller de un colegio que creí universalmente amado. Entré al Liceo Juan Ramón Jiménez en grado sexto, año 1996, y terminé en el 2002. Desde mi ingreso había percibido que sus estudiantes, los padres de familia y los exalumnos lo adoran.

Esa fue mi impresión hasta hace poquísimo pues estalló un escándalo que jamás preví entre tanta aprobación. En dos artículos lanzados el 24 de noviembre y el 2 de diciembre, el portal de periodismo feminista Volcánicas publicó testimonios de dieciocho personas, señalando a tres profesores de acoso sexual y a la actual rectora de violencia psicológica, perpetrados en un lapso aproximado de veinte años. Ella se llama Susana Gamba, apellido de la familia fundadora del Juan Ramón. Y estas acusaciones implican el posible conocimiento, negligencia e incluso persecución de las directivas hacia las estudiantes que se quejaron ante el colegio.

También es de la familia Gamba la joven profesora María Jaramillo, sobrina de la rectora Susana. Valiente entre valientes, María suscribió en 2020 una carta reportando internamente los señalamientos de acoso sexual que comprometen al maestro de matemáticas Rodrigo Cortez, cuestionando la respuesta (y la falta de respuesta) de las autoridades escolares, resguardando la identidad de las estudiantes que reunieron toda la información y asumiendo el costo laboral, familiar y afectivo que su compromiso ético le esté pudiendo acarrear. Juanita Leal, docente del mismo colegio, también firmó.

En todos estos años, he escuchado historias sobre relaciones románticas de profesores del Liceo con estudiantes e injusticias atribuidas a Susana, pero contaré solamente lo que vi y viví:

Aproximadamente en el año 2001, Rodrigo me propuso que lo visitara en su apartamento (es muy posible que yo ya tuviera 18 años, lo cual no creo que reste demasiada gravedad). Fue una movida que me encontró desprevenida pues entre nosotros no existía cercanía de ninguna índole: ni compartíamos interés académico, ni nos caíamos bien, ni, muchísimo menos, alguno de los dos le coqueteaba al otro. De hecho, tampoco la hubo mientras él me sugería que fuera a su casa. Habló como si me estuviera pidiendo prestado un lápiz.

Le dije que sí, no porque me gustara, sino porque mi débil carácter no tenía músculo para cerrarle la puerta en la cara. Corrí con suerte pues pocos días después me volvió a buscar, muy nervioso, para retirar la invitación sin pretextos:

– Verónica, ¿se acuerda de lo que hablamos el otro día? Olvídelo, dejemos así.

En cuanto a Susana, crucé el bachillerato dividida entre la admiración y el rechazo que ella me generaba. Por una parte, me deslumbraban su inteligencia, su seducción oratoria y su talento para transmitir el conocimiento de la biología. Por otra, me indignaba corroborar que era una maltratadora consuetudinaria, incompetente para corregir sin denigrar, autoritaria y desentendida ante cualquier límite del respeto. No fui víctima directa de sus humillaciones, pero siempre estuve amedrentada por la probabilidad de ser la próxima.

Desde el día siguiente a la primera publicación de Volcánicas, las directivas se han esforzado por apagar el incendio. Han enviado correos electrónicos a los padres de familia asegurando que siempre actuaron con estricto apego a la ley y la ética profesional y dando a entender que no les corresponde contrición alguna. También han remitido comunicaciones donde hablan de “reflexión”, “autocrítica”, “lamentamos las heridas que nuestras acciones u omisiones hayan podido generar”. Como si quienes manejan la crisis estuvieran escindidos entre algún sector que resiente la lesión causada por otros y quiere sanarla honestamente y otro que no piensa agachar la cabeza ni pagar el justo precio por sus desafueros. El segundo solo busca hacer control de daños.

La decisión más relevante que han tomado es desvincular al profesor de música Borys Morales. Lo despidieron pasada la publicación de Volcánicas, a pesar de que, según las fuentes del medio, Susana Gamba había recibido en 2018 quejas de una madre del colegio, quien terminó denunciándolo en 2022 por actos sexuales con menor de catorce años. Contra Rodrigo Cortez, el mando del colegio había conocido acusaciones por lo menos desde 2003 según ese mismo medio de comunicación. Pero a él no llegaron a sacarlo: lo pensionaron en 2021.

El Juan Ramón también ha anunciado que está formulando protocolos nuevos y revisando los viejos, capacitando personal, estipulando en los contratos aquello que no será tolerado, recibiendo las visitas de la Secretaría de Educación, abriendo mesas de trabajo con estudiantes y papás y diseñando acciones pedagógicas de justicia restaurativa.

Ese trabajo burocrático está muy bien. Todos esos documentos y reuniones son indispensables a fin de parar la violencia. El problema para la familia Gamba y los profesores acusados es que las víctimas, la comunidad escolar y la opinión pública demandan verdad, como en cualquier escenario donde se ha atropellado la dignidad humana.

Información es lo que las cabezas del Liceo no han ofrecido. Al contrario, advierten que no explicarán hechos que involucren o afecten a menores de edad ni se pronunciarán ante solicitudes de la comunidad o los medios de comunicación. Tampoco aceptarán señalamientos de impunidad y negligencia mientras no medie evidencia judicial en su contra.

El derecho a la intimidad de los estudiantes y la presunción de inocencia de los profesores no exime a las directivas del deber moral de aclarar con especificidad al menos lo que respecta a su propia conducta en las versiones de Volcánicas. Sobre todo, considerando que la mayoría de esas denunciantes son exalumnas, presumiblemente mayores de edad, y el portal empleó nombres falsos para proteger a varias de ellas.

Si lo que preocupa a los dueños del Juan Ramón es afectar a menores de edad, podrían responder si en el 2001 sabían o no que Rodrigo invitaba estudiantes a su apartamento. Dejo a su disposición este testimonio para que empiecen por mí, que ya estoy mayorcita.