Quien llegue a la presidencia en 2026 no solo enfrentará un panorama político complejo, adornado con alegaciones de fraude electoral desde alguna o varias orillas, sino además un hueco fiscal de enormes proporciones. El mareo entre reformas tributarias y leyes de financiamiento de distintos gobiernos, incluyendo el actual, no ha resuelto el asunto. Porque el problema no son las leyes de impuestos sino su pobrísimo cumplimiento, casi tan pobre como las arcas de nuestro Estado.

Claro, una de las empresas más grandes de Colombia, ha tenido un comportamiento tributario cuestionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La declaración de renta para el año 2017 fue objetada en proceso de fiscalización por la DIAN, por cuenta de varias deducciones que hizo Claro. Entre ellas dedujo de su carga impositiva un pago que hizo al Estado colombiano por cuenta de un laudo arbitral de 2017. La deducción es por un valor de 3 billones 155 mil millones de pesos.

Claro además consideró que debía deducir los intereses que pagó por dos préstamos que obtuvo de otras empresas, también parte del conglomerado de Carlos Slim, el dueño de todo el negocio.

La primera se refiere a 128 mil millones de pesos por cuenta de altos intereses de un préstamo que obtuvo de América Móvil S.A.B. de C.V., otra empresa de Slim. Lo mismo ocurrió con otra compañía del mismo dueño: Amov Finance B.V. Claro, además, consideró que podía deducir dineros de licenciamientos o franquicias que ha obtenido de otras empresas del mismo conglomerado económico, como Claro S.A. Brasil. Para la DIAN, esos valores son exagerados y violatorios del régimen tributario, en especial porque son empresas que se guardan todas en el mismo bolsillo.

Estos cruces internos entre las empresas del señor Slim le sirven para inflar sus costos, disminuir sus ingresos, y por esa vía aminorar su carga tributaria. Sobre esta estrategia Claro me respondió que en el marco de sus operaciones, analiza distintas alternativas de financiamiento que le permitan optimizar costos y acceder a recursos en condiciones competitivas. Sin duda, muy competitivo.

Además de estas deducciones, desde 2010 Claro suscribió contratos de estabilidad jurídica con el Estado colombiano, que le han permitido aminorar su carga fiscal sustancialmente. En 2024 pagaron una tarifa efectiva del impuesto a la renta de tan solo 16 %, muy lejos del 33 % que asumen las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

Sobre esos contratos Claro me señaló que permiten que “inversionistas se comprometan a realizar nuevas inversiones o a ampliar las existentes en el país y, a cambio, el Estado garantiza que se mantendrán vigentes las normas consideradas determinantes para dicha inversión”. Esto porque, en sus palabras, refuerza la seguridad jurídica a la inversión y fomenta el desarrollo económico. Incluso así, Claro es el rey de un mercado que aún no cumple con sus promesas de contribuir a una conectividad eficaz, competitiva y libre para los usuarios.

Desde 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado a Claro por abuso de su posición dominante. La Comisión de Regulación de las Comunicaciones también ha declarado varias veces este monopolio abusivo, sin que se desprendan consecuencias para el gigante mexicano. Un buen comienzo sería cobrarle los impuestos completos y a tiempo.

Las declaraciones de la gigante de las comunicaciones de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 siguen abiertas y pendientes de revisión. ¿Aparecerán sorpresitas del triangulación entre las empresas de Slim en esos documentos que las autoridades no se han puesto en la tarea de verificar? En la DIAN prefirieron no pronunciarse cuando les pregunté por las declaraciones pendientes e invocaron la reserva sobre estas actuaciones.

Reserva que deben preservar las autoridades tributarias, pero no puede ser superior al derecho ciudadano a conocer estos hechos que presentan serios cuestionamientos sobre el principio de justicia tributaria en Colombia. Ese mandato enseña que el sistema impositivo debe ser equitativo y justo, por eso quienes deseen hacer empresa deben aportar proporcionalmente lo mismo a las arcas públicas. Para los pequeños y medianos empresarios la carga tributaria es una soga al cuello que en mucho casos equivale a la imposibilidad de seguir operando.

Lo que pasa es que, claro, qué rico es ser el más grande.

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