El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Supremo de Brasil por diseñar, promover y liderar el intento de golpe de Estado con el que él y sus seguidores pretendieron impedir que Luiz Inácio Lula Da Silva se posesionara como presidente el 8 de enero de 2023. La sentencia advirtió que parte de la operación se centró en la difusión coordinada de mentiras y desinformaciones en redes sociales para incendiarlo todo. Y así lo hicieron.

La condena contra Bolsonaro es histórica por muchas razones. Una de ellas es que sanciona el empleo de las plataformas para oscurecer y desconocer el proceso electoral. Por supuesto, no es la primera vez que ocurre, pero sí la primera en que se sanciona a un expresidente por ello. Hoy, enfrenta 27 años de cárcel por instigar a una horda de fanáticos a tomarse Brasilia, la ciudad que imaginó el arquitecto Oscar Niemeyer para que viviera ahí la democracia brasilera.

Tras la toma de la capital, la institucionalidad dio varias respuestas. Una de ellas fue el juicio a Bolsonaro. Otra, la propuesta de leyes que permitieran establecer algún tipo de reglas auscultables de cara a las dinámicas de la plaza pública digital. Con ese sentido se buscó promover una ley en contra de las noticias falsas. La respuesta de las tecnológicas fue avasalladora para detenerla a toda costa.

Entraron en acción agresivas dinámicas de lobby, litigio estratégico y cooptación desleal de la atención pública para avanzar los intereses de las grandes tecnológicas en América Latina. Así lo informa la más reciente entrega del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La mano invisible de las big tech, una serie que arroja luz sobre la forma en que actúan estos leviatanes de las comunicaciones.

(Se conoce como big tech a las empresas tecnológicas que integran el grupo dominante a nivel mundial por su enorme influencia, innovación y capacidad de recopilar datos de sus usuarios, el cual incluye a Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon y Microsoft, entre otras).

Además del caso brasilero, también se registra uno en Colombia. Cuestión Pública, miembro de la alianza periodística, reportó el caso de la ley que buscaba cuidar la salud mental de niños y niñas, las peores víctimas de la ausencia de controles de las grandes plataformas.

El intenso lobby de Meta, Google y otros gigantes funcionó. Parte de la estrategia consistía en aliarse con quien fuera necesario para lograrlo, como con el belicoso congresista J.P. Hernández. Además, consiguieron evitar que el proyecto consagrara el principio de corregulación, con el objetivo de mantener la autorregulación. A eso le apuestan porque ha resultado inútil, en especial ante la adhesión de los dueños de las plataformas al proyecto del presidente Donald Trump. Por ahora nadie los regulará; mucho menos ellos mismos.

Las primeras historias, publicadas el 9 de septiembre, denuncian un sofisticado esquema de influencia que depende de viajes, conferencias y escenarios sociales para convencer a reguladores y legisladores, pero también la cooptación de voces de la sociedad civil y la academia para que defiendan sus intereses con el ropaje de expertos. Eso, sumado a una insaciable puerta giratoria que permite que esos “académicos” vayan y vuelvan de las tecnológicas a los entes regulatorios, a las ONGs o a las Universidades para asegurar soldados de la causa en todas las esquinas. Colombia no ha sido la excepción.

El reportaje registra 2977 acciones de influencia, con la intervención en 801 proyectos de ley, 315 litigios y, por lo menos, 1516 representantes de las tecnológicas en estos debates.

El CLIP insiste en sus gestas improbables de periodismo colaborativo y transnacional, porque son las únicas que permiten evidenciar el tamaño real de las manos invisibles que controlan el mundo; del poder que moldea nuestras vidas. En esta ocasión se ha puesto a la tarea de develar las manos invisibles más poderosas que se han posado sobre la Tierra: las de las grandes tecnológicas.

Las revelaciones de esta alianza no son un problema del futuro, ni de otras latitudes. La incapacidad de regular a las big tech, o siquiera establecer una conversación real con ellas desde el sur global conlleva devastadoras consecuencias hoy para las vidas de millones de personas. Pocas violencias sociales no pasan hoy por estos canales: la trata y explotación de personas; el reclutamiento de menores para la guerra; la convocatoria de sicarios y mercenarios; la promoción e instalación de discursos de odio, que llaman a la destrucción moral o física del otro; incluso, la captación de generaciones enteras de adolescentes perdidos en las pantallas por las que renunciaron a la vida real.

Ayer se conoció una sentencia en la que la Corte Constitucional protegió el derecho al debido proceso de la actriz porno Esperanza Gómez, porque Instagram (Meta) lo violó al suspender su cuenta arbitrariamente y le exigió reglas claras sobre la manera en que controla la conversación pública. Un paso importante y en la dirección correcta.

En la #LaManoInvisibleDeLasBigTech también revelan la verdad sobre la tierra prometida de los centros de datos y el consumo voraz de agua y energía que representa el uso de la inteligencia artificial. Son muchos los temas y por tanto los reporteros que se necesitan para investigar a estos hilos con los que unos pocos titiriteros controlan la vida y el futuro. Qué bueno que el CLIP los juntó.

*El Veinte, la organización que codirijo, apoyó al CLIP con la revisión legal del reportaje #LaManoInvisibleDeLasBigTech.