El borrador de decreto del Gobierno que busca regular, proteger y vigilar el oficio periodístico en Colombia y que incluiría a influenciadores
El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que busca dejar las reglas claras para proteger los derechos laborales de periodistas y comunicadores sociales en Colombia.
Por: Juan David Cano
Desde el pasado 30 de abril, el Ministerio del Trabajo tiene en sus manos un borrador de decreto cuyo objetivo, según el Gobierno, es establecer reglas claras para la contratación, afiliación, cotización y protección social de periodistas y comunicadores sociales. Sin embargo, la iniciativa también incluye medidas que podrían reforzar la vigilancia y el control sobre el oficio en el país, e incluso añadir disposiciones para los influenciadores.
¿A quién aplica el borrador de decreto?
El decreto aplicaría a cualquier persona que desarrolle actividades informativas, ya sea de manera dependiente o independiente. Esto incluye desde comunicadores sociales y reporteros, hasta productores de contenido y todos aquellos que participan en la construcción de piezas informativas, como camarógrafos, guionistas y fotógrafos.
Además, la norma no distingue entre plataformas. Abarca a todos los involucrados en la producción, circulación y difusión de información de interés público a través de cualquier medio, incluidas las redes sociales, lo que agruparía también a los influenciadores de contenido informativo.
“Para efectos del presente decreto, se consideran trabajadores u oficios afines las anteriormente descritas y aquellas actividades que corresponden al ejercicio del periodismo o la comunicación social, y que participan de manera directa en la producción, circulación, análisis o difusión de información de interés público a través de cualquier medio o plataforma”, se lee en el borrador.
Las responsabilidades para comunicadores y periodistas
Uno de los cambios más visibles del borrador es que, como está escrito, los influenciadores que cuenten con equipos de trabajo deberán garantizar condiciones laborales dignas para sus colaboradores, conforme a la ley. Sin embargo, estas obligaciones ya existen en la legislación colombiana para cualquier empleador, aunque no estaban especificadas para el sector periodístico.
En ese sentido, el borrador retoma normas laborales ya vigentes, como las condiciones contractuales, sin introducir cambios sustanciales. También insiste en principios éticos del ejercicio periodístico, como el respeto por la dignidad y la diversidad, la promoción de la igualdad y el compromiso con la veracidad de la información.
De igual forma, reitera derechos laborales ya establecidos: jornada máxima de 42 horas semanales (una vez culmine la reducción gradual), horario nocturno entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, pago de horas extras y recargos, reconocimiento de festivos y afiliación a la seguridad social, entre otros.
Nuevas reglas de inspección, vigilancia y control
Sin embargo, el borrador no se limita a la regulación laboral e introduce, en su sección quinta, un fortalecimiento de los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el sector.
Según el documento, las medidas están enfocadas en garantizar los derechos laborales de los periodistas. En primer lugar, se vigilará que la vinculación laboral cumpla con la normativa vigente; también se protegerá la libertad sindical y se reforzarán mecanismos contra el acoso laboral, la violencia y la discriminación. Para ello, el Ministerio del Trabajo realizará visitas de inspección, vigilancia y control con el fin de prevenir estas situaciones.
Llama especialmente la atención el énfasis en la prevención del acoso sexual en el sector, tras denuncias recientes en medios de comunicación. El Gobierno plantea exigir protocolos de prevención, medidas de protección inmediata para las víctimas, garantías de no revictimización y capacitaciones obligatorias.
El borrador también reconoce las particularidades del oficio periodístico, marcado por la inmediatez y la operación constante. En ese sentido, el Ministerio vigilará que se paguen correctamente los recargos, horas extras y prestaciones sociales, y que se respete el derecho a la desconexión laboral una vez finalice la jornada.
¿De cuánto son las sanciones?
El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones económicas que van desde uno hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Incluso, las autoridades podrían ordenar el cierre temporal del medio entre tres y diez días hábiles, o hasta 30 días en caso de reincidencia, si se evidencian condiciones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los trabajadores.
En esencia, el borrador busca dejar claras las reglas laborales para periodistas y comunicadores en Colombia, así como las obligaciones de empleadores y empresas, con el fin de garantizar la protección de sus derechos.
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