Los informes secretos de la UIAF sobre Roy Barreras y su círculo político

El 9 de mayo de 2017, a las doce del día, una contratista de obra de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) giró desde su cuenta bancaria un cheque de 150 millones de pesos a nombre de un conductor de la misma entidad que ganaba poco más de un millón de pesos al mes. Ese mismo día, el dinero fue cobrado en efectivo y se atomizó: nunca volvió a aparecer en ninguna cuenta bancaria, fondo o producto financiero a nombre del conductor. Desapareció. Este es uno de los tantos hallazgos que la Unidad de Información y Análisis Financiero –la UIAF, el organismo del Estado encargado de detectar movimientos financieros sospechosos y reportarlos a la justicia– consignó en cuatro informes reservados que entregó a la Corte Suprema entre 2020 y 2023. Lo hizo, en medio de la investigación que ese tribunal adelanta contra el hoy candidato presidencial Roy Barreras y el exrepresentante a la Cámara Faber Alberto Muñoz Cerón por la presunta malversación de recursos públicos en esa institución educativa. CAMBIO revela los detalles de esa investigación financiera y las relaciones políticas entre los responsables de esos manejos y Barreras.

En julio de 2019, denuncias radicadas ante la Corte Suprema y la Fiscalía describían una presunta “empresa criminal” que entre 2014 y 2019 habría saqueado la ESAP a través de 14.009 contratos y convenios interadministrativos por 1,2 billones de pesos, la mayoría adjudicados de manera directa. Ese mismo mes, la Corte decidió que había mérito para abrir la indagación. Barreras dijo que las denuncias eran un 'complot' de la derecha, específicamente, de los funcionarios que el entonces presidente Duque había puesto en la ESAP y también de la DNI.

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