¡Arroyo peligroso!

Durante años los arroyos han sido un dolor de cabeza y una amenaza para los barranquilleros. En 2016 –alcaldía de Álex Char–, el Concejo de la ciudad autorizó un cupo de 622.000 millones de pesos para la canalización de siete de ellos. Las obras debían entregarse en 2019, sin embargo, esto no sucedió y hoy podríamos estar al frente de un carrusel de contratos que supera los 2 billones de pesos.

La periodista de La W Radio Andrea Pallares, investigó los contratos y descubrió que se hicieron bajo una modalidad denominada crédito a proveedor, que permite al contratante pagar la obra una vez haya sido entregada en su totalidad por el contratista. Lo que no nos contaron es que el pago se pactó a 20 años, es decir, hasta 2035 o hasta extinguir la obligación, lo que haría que los contratistas reciban hasta tres veces más el costo pactado, ya que los intereses son del 12,45 por ciento efectivo anual por obra.

La Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) aparece como responsable de los contratos. La ADI es una entidad pública que pertenece al sector descentralizado de la Alcaldía de Barranquilla, pese a esto, desde su nacimiento (2016) ha estado gerenciada por Alberto Salah, una persona muy cercana y de entera confianza de los Char. Cuando Jaime Pumarejo llegó al poder lo ratificó en el cargo, eso sí, nadie –ni en la administración Char ni en la actual– cuestionó que los contratos se firmaran sin el certificado de disponibilidad presupuestal, lo que básicamente garantiza que haya recursos suficientes para cubrir la deuda.