
Después de muchas idas y venidas, anuncios y correcciones, el discurso gubernamental sobre lo que será la compra de tierras para hacer realidad la reforma agraria parece comenzar a tomar, al menos en el papel, forma y
consistencia.
En efecto, en entrevista con Yamid Amat (El Tiempo, octubre 16) la ministra Cecilia López dijo lo siguiente: “Hemos venido avanzando en precisar los datos. En este Gobierno creemos que haciendo un gran esfuerzo podemos estar comprando entre 400.000 y 500.000 hectáreas al año. Con los cálculos muy generales esto implica 30 billones de pesos. El punto aquí es cómo se haría y ahí es donde estamos discutiendo con Hacienda la creación de un patrimonio autónomo que es un mecanismo que necesita ley, pero que nos permite flexibilizar el uso de los recursos. Este sería el esquema, recursos de presupuesto, pero estamos explorando la posibilidad de otras fuentes…”.
De lo anterior se puede concluir lo siguiente: primero, que ya no serán 60 sino 30 billones de pesos lo que destinará este Gobierno a la compra de tierras; segundo, que ya no será con títulos de deuda –que el ministro Ocampo dijo que no se
podía– sino con un patrimonio autónomo que se constituirá gradualmente, con recursos del presupuesto en cabeza del Ministerio de Agricultura, destinado exclusivamente a la compra de tierras para entregar a campesinos “con tierra o tierra insuficiente”, como reza el punto número uno de los acuerdos de paz; y tercero, que la creación de dicho fondo requiere la expedición previa de una ley.
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