
No hay paz ni Estado de derecho ni democracia sin justicia.
Un tribunal de justicia que no considera las consecuencias de sus decisiones para las víctimas, que ignora y se burla de su dolor, vacía el sentido del Estado de derecho porque genera más injusticia y violencia y porque pierde su legitimidad al legitimar el crimen.
Y esto es precisamente lo que está sucediendo a través de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— al revisar la condena del general Arias Cabrales; aquel que comandó todo el operativo de retoma del Palacio de Justicia, entre otras cuestionables acciones; aquel general que, con sus militares, en realidad no retomó ningún Palacio de Justicia sino que condujo una operación para masacrar, desaparecer, destrozar, arrasar e intimidar; aquel general que junto con el resto del aparato criminal —militares o civiles— que lo ha acompañado en sus fechorías, que lo ha amparado y avalado, logra mover hasta hoy los hilos del poder y la justicia muy bien para, una y otra vez, perpetuar la impunidad que desgarra desde bien adentro a la nación.
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