Muchas reacciones provocó la asistencia del presidente de la república, Gustavo Petro, a la misa organizada por la Corte Suprema de Justicia, hace pocos días, para conmemorar el ataque al Palacio de Justicia, hace 37 años.
Para algunos es inaceptable que, habiendo sido él miembro del M-19, haya asistido. Puedo entender bien que algunas personas, cuyos familiares fallecieron durante esos horrendos días del 6 y 7 de noviembre de 1985, se basen en el efecto de causalidad que tuvo la brutal y criminal entrada de ese grupo guerrillero para apresar a los jueces de la república —quienes, además, eran los que de manera ejemplar dejaban el Estado de derecho en alto. Los de 1985 eran magistrados serios, convencidos de que los derechos eran para todos por igual y las leyes eran para que las cumplieran los poderosos también.
Pero es llamativo que personas que nada han tenido que ver con esos hechos o solo indirectamente, ataquen con tal vehemencia, y una especie de odio santo, a Gustavo Petro por su llegada a la conmemoración, olvidando que él hoy es el jefe de Estado y es su deber hacer presencia.
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