
Si existe una escala que mide el nivel de maldad de los seres humanos, los que se roban los recursos públicos destinados a la niñez tienen que ocupar el escalón de los sádicos y psicópatas. El egoísmo de los que se llenan los bolsillos con el dinero que debía ser utilizado para alimentar a los bebés desnutridos, dar techo a los que no tienen hogar y brindarle cuidado a la población más vulnerable, solo puede ser el de los narcisistas sin empatía ni remordimiento alguno. En Colombia, en el departamento de Bolívar, están desaparecidos miles de millones de pesos de regalías que debían financiar centros de desarrollo infantil, CDI.
El 10 de noviembre de 2015, mediante el acta 27 de Ocad-Caribe, se le aprobó al departamento de Bolívar, más específicamente a la gobernación en cabeza de Juan Carlos Gossaín, la construcción y dotación de 22 CDI por un valor de 64.900 millones de pesos. Estos centros tienen el propósito de contrarrestar la desnutrición infantil, brindar cuidado, atención y educación a los colombianos menores de cinco años en estado de extrema vulnerabilidad.
Siete años después, los CDI no existen, la plata no está, y no hay responsabilidad penal de ningún contratista o funcionario público. Lo más grave es que a pesar de las advertencias de la Procuraduría y de la Contraloría, el 22 de octubre de 2022, el gobernador Vicente Blel concedió otra prórroga injustificada al contrato de mayor cuantía.
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