El Gobierno ha anunciado que a comienzos del año entrante presentará al Congreso, como lo ordena la ley, el plan cuatrienal de desarrollo de la administración de Gustavo Petro.
Muchas expectativas se han despertado en torno a este documento que es la carta de navegación de todos los gobiernos, pero que no tiene el poder taumatúrgico de crear dinero por sí solo. En esto hay que tener mucho cuidado.
Digo lo anterior pensando en las esperanzas que están despertándose entre las gentes de los territorios por donde desfilan cada ocho días los llamados “consejos regionales vinculantes”. Lo de “vinculantes” –ha explicado el Gobierno– significa que previo estudio del Departamento Nacional de Planeación, lo decidido en estos consejos comunitarios pasa a la ley del plan para que se ejecute obligatoriamente como un mandato popular. Que presumiblemente será mandato de más gasto público: que es lo que solicitan con apremio estas comunidades olvidadas, llenas de necesidades y sedientas de más inversiones en sus territorios.
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