Buena fe, no vinculante

El pasado 7 de diciembre el gobierno de la paz total adjudicó a la cuestionada compañía española Sacyr, única proponente, el contrato por un valor cercano a los tres billones de pesos para la restauración de los ecosistemas degradados por el Canal del Dique. Adjudicación que no le cambió ni una sola coma al pliego de licitación realizado por el gobierno de Iván Duque, el mismo que la actual administración cuestionó ferozmente cuando era oposición. En efecto, al revisar el Secop se puede ver que, aunque después de posesionado el nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, esta entidad y la ANI respondieron aclaraciones y observaciones al proceso y se prorrogó en varias ocasiones, finalmente no se surtió ningún tipo de adenda o modificación a lo que se había definido durante el gobierno anterior.
El Canal del Dique, construido en 1647 por orden de los españoles que decidieron unir el río Magdalena con la bahía de Cartagena a costa de los esfuerzos de cerca de dos mil esclavos e indígenas explotados hasta su muerte, ha sido una de las obras de infraestructura más importantes, pero más dañinas de la historia de Colombia. En la actualidad se estima que, en el fondo de sus aguas, que recorren 115 kilómetros, pueden haber alrededor de 9000 cuerpos mutilados de mujeres, hombres y niños víctimas del paramilitarismo en Colombia. Habitantes de los 19 municipios que recorre el canal han dicho que cuando el bloque Montes de María de las AUC, comandando por Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, controlaba la zona, se podían ver flotando por las aguas entre cinco y ocho cuerpos al día.
A raíz de este apocalipsis, el 21 de octubre de 2022, la JEP interpuso una serie de medidas cautelares frente al proyecto de restauración del Canal del Dique en las que particularmente les ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI: 1) Crear, a partir de una mesa interinstitucional, un protocolo de búsqueda, recuperación, disposición y entrega de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en un término de cuatro meses e incluirlo en el apéndice 8 de los pliegos de licitación. La implementación de dicho protocolo, según la JEP, debería ser financiada por quien se ganara la licitación. 2) Crear un protocolo para búsqueda, recuperación, disposición y entrega de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas para futuros proyectos de infraestructura que se adelanten en zonas afectadas por el conflicto armado donde se presuma puede haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en un término de seis meses. Y 3) Incorporar en el apéndice 8 de la licitación los hallazgos del GRAI (grupo de investigación de la JEP) sobre los sitios de inhumación y posibles víctimas que se encontrarían en el área del proyecto.

Por esta razón es tan inquietante que el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de reconocer que somos un país de víctimas, no haya vinculado jurídicamente a la empresa española asignada para el contrato y haya dejado a su buena fe la obligación de implantar y financiar el protocolo de búsqueda, recuperación, disposición y entrega de los cuerpos de personas desaparecidas ordenado por la JEP.
Ante la polémica adjudicación, y la falta de información al respecto, el pasado miércoles 13 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió el AUTO AT-278 de 2022, donde vincula a Sacyr al proceso de medidas cautelares. Adicionalmente, la sala integrada por los magistrados Alejandro Ramelli y María del Pilar Valencia también elevó una serie de preguntas al Ministerio de Transporte y a la ANI sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por ese tribunal después de adjudicado el contrato:

Cuestionario AT-278 2022 JEP