La ministra de Agricultura

Por cuenta de la reforma tributaria más ambiciosa, liberal y progresiva en décadas, su prudencia fiscal y sus rectificaciones a declaraciones ligeras de algunas de las ministras sectoriales y del propio jefe de Estado, José Antonio Ocampo se convirtió en el ministro estrella en este primer tramo de la administración Petro. En los sectores empresariales y la comunidad financiera internacional, el ministro de Hacienda es reconocido como el “adulto responsable” del Gobierno y en todas las reuniones gremiales y de tecnócratas la conversación comienza por la pregunta, ¿hasta cuándo se quedará en el Gobierno Ocampo? No deja de resultar paradójico que el economista cepalino y heterodoxo de finales de la década de los noventa, que se enfrentó al neoliberalismo de la época, hoy sea el ortodoxo que brinda confianza a los mercados internacionales por su manejo serio y responsable de las finanzas públicas.

En medio de la visibilidad y prestigio de Ocampo, no se registra en forma suficiente la tarea de transformación y cambio que lidera desde el Ministerio de Agricultura Cecilia López. Con una destacada carrera pública, le correspondió asumir la responsabilidad de un sector clave para el desarrollo del país, que fue eje fundamental en la campaña presidencial de Petro. Es en el campo, además, en donde se originó el conflicto armado por cuenta de la vergonzosa desigualdad y el atraso que viven las zonas rurales, sin que hayamos sido capaces como sociedad de enfrentar con éxito ese abandono. Han sido muchos años de políticas fallidas, reformas agrarias frustradas y violencia desbordada, por cuenta de la ineficacia del Estado en el propósito de garantizar desarrollo y equidad al campo. Por algo, el primer punto del acuerdo de paz con las Farc en La Habana se dedicó a concertar las soluciones de fondo que transformarían el campo colombiano. La ministra, incluso, logró el milagro de convertir a José Félix Lafaurie en defensor del punto 1 del acuerdo.

En menos de cinco meses tomó el toro por los cuernos y asumió las cuatro tareas que se requieren si se pretende sacar adelante el sector: despolitización del ministerio y sus entidades adscritas; aumento significativo del presupuesto para el campo; compra de tierras para redistribuir y la implementación del acuerdo de paz. Con carácter y decisión la ministra puso de nuevo al campo en la agenda del país, no por los escándalos de corrupción a los que nos habíamos acostumbrado, sino por el avance en las transformaciones necesarias de la sociedad rural. Esta cartera se convirtió en botín de un partido político en los últimos 25 años, sin resultados positivos para el campo. La politiquería y el despilfarro se apoderaron del ministerio y sus entidades adscritas. En apenas cinco meses se revirtió ese panorama y hoy se encuentran al frente de la agencia de desarrollo rural, la agencia de tierras, Finagro y las demás instituciones, funcionarios desligados de recomendaciones políticas, sin jefes distintos a la ministra, quienes fueron escogidos por sus condiciones profesionales.