
Carlos Felipe Córdoba será recordado como el ambicioso funcionario que quiso y supo convertir a la Contraloría en un Godzilla indomable, capaz de tener botones en todos los rincones del Estado y ser un vehículo de trámite de todo tipo de intereses de las tres ramas del poder público. El poder que acumuló en estos años el entusiasta vicecontralor de Sandra Morelli que llegó en 2018 a ser contralor general con 38 años, apadrinado por María Paula Correa, es descomunal. Hoy es un supercontralor, uno de las tres personas más poderosas del Estado. Pipe, como Maquiavelo le sugirió al soberano de Florencia, entendió que “es mejor ser temido que amado”.
Los congresistas y muchos funcionarios le tienen pavor y por eso han sabido hablar su mismo idioma por conveniencia o sobrevivencia. Un congresista del Centro Democrático me lo definió como “el mejor ministro del Interior que tuvo este gobierno”. Sus tentáculos llegaron a Planeación Nacional, al Congreso, la justicia, y está metido de lleno en la campaña para elegir a su reemplazo. ¿El elegido? Su amigo Luis Alberto Rodríguez, exdirector del DNP.
Los poderes de Súper Pipe son notables. Logró aumentar en más de 100 por ciento el presupuesto de la Contraloría: pasó de 570.000 millones en 2019 a 1 billón 217.000 millones en 2022. Mientras la opinión pública, a grito herido le reclamó a Margarita Cabello el aumento de planta de la Procuraduría de 1.200 cargos más (muchos de alto nivel) en épocas de penurias fiscales. Pasó mansamente la superburocratización de la Contraloría cuando sumó más de 2.000 nuevos cargos con unos niveles salariales escandalosos. Por ejemplo, el ingreso mensual de un asesor de grado 2 en la Contraloría podría ascender a 14 millones de pesos, mientras que para el caso de un ministerio, el de alguien del mismo nivel es de 5 millones de pesos aproximadamente.
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