El ministro de Defensa, Diego Molano, que este mes se ganó un sitial privilegiado en la historia de la infamia de Colombia, dijo en una declaración inflamada por la insolencia y el cinismo, que el operativo del Ejército en Putumayo se planeó con cinco meses de antelación. Esa afirmación es una confesión que se torna prueba incontrovertible de la premeditación del crimen y de la responsabilidad directa de Molano en su consumación.
La evidencia recolectada por Cambio, El Espectador y Vorágine –medios que hace rato empezaron a llenar, por fortuna, el vacío que deja la mediocridad de la Fiscalía bajo la dirección del súper veloz Barbosa– muestra que el Ejército cumplió un papel central, si no protagónico, en lo que se convirtió en un asesinato doloso, intencional, de personas inermes, incluyendo un menor de edad.
Si los supuestos guerrilleros estaban armados, resulta inexplicable la supuesta decisión de aventurar su captura justo cuando estaban rodeados de civiles y más aún, que las víctimas fueran 11 y el Ejército no tuviera bajas sustantivas. Si no lo estaban, es claro que hubo un ataque militar innecesario. En cualquiera de los dos casos, el ministro Molano y la cúpula militar salen mal librados.
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