Estaba cantado. Aunque en un país medianamente decente la ley se respeta, acá en Colombia parece que la Constitución es solo de papel.
En septiembre del año pasado, ante todos los medios y con voz firme, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, salió en defensa de una acción 100 por ciento inconstitucional y permitió que se colgara en el Presupuesto General de la Nación (PGN), un orangután con el que se modificó la Ley de Garantías.
El argumento de Restrepo fue la reactivación económica en un año en el que ya la pandemia parecía haber quedado atrás. La “Colombia profunda”, de la que tanto les gusta hablar, necesitaba un empujón y, claro, tenían que dárselo justamente a través de la “contratitis” y en medio de una de las campañas electorales más polarizadas de las últimas décadas.
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