La Corte Constitucional tumbó la semana pasada la modificación a la Ley de Garantías y con ella se cayó la poca credibilidad que le quedaba al Congreso. Comandados por los ministros de Hacienda e Interior, los parlamentarios –en plena campaña electoral– disfrazaron de reactivación económica la repartija de contratos en las regiones.
No es que no supieran que a través de una ley ordinaria no se puede modificar una ley estatutaria o que estuvieran mal asesorados, nada de eso. Todos tenían clara la jugadita. Mermelada para los alcaldes amigos, elección casi segura. Lamentablemente así funciona la política en este país.
Hubo varias advertencias que en su momento ignoraron argumentando que a las regiones más pobres no se les podía dejar sin recursos; justificación que, sin ningún asomo de vergüenza, aún siguen usando, tal y como lo hizo el senador Carlos Abraham Jiménez en entrevista con La W Radio: “Escuchamos el clamor de los alcaldes. Este no es un tema de corrupción como quieren hacerlo ver, ustedes (los medios) quieren volver a incendiar este país”. Los periodistas les salimos a deber a quienes se pasaron por la faja la ley.
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