El denominado Paro Armado para protestar por la extradición de Otoniel es tan macabro que sigo sin entender cómo los narcotraficantes y paramilitares tienen los mismos derechos que establece el derecho a la protesta pacífica. ¿En qué momento se equiparan los derechos de la sociedad civil frente a la de unos criminales?
Pero más me preocupa ver cómo desde Bogotá, Medellín o Cartagena, con algunas excepciones de periodistas independientes o medios locales, nadie habla del impacto que tiene este en los pueblos étnicos. El Paro Armado de los narcotraficantes y paramilitares del Clan del Golfo, sucede en territorios afros, indígenas, campesinos, algunos dirán “que viven del cultivo de hoja de coca”, y sí, sin duda lo hacen, no han tenido otras opciones, sin contar que la aspersión con glifosato se ha hecho sin garantizar los procesos de participación propuestos y por otro lado, como ya hemos visto en este mismo medio, presionados por las Fuerzas Armadas para seguir haciendo parte de la cadena de valor que termina en la tan preciada cocaína. Muchas de estas poblaciones afectadas siguen esperando el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
En los departamentos donde se ha presentado el paro del Clan del Golfo, se encuentran comunidades kamentsa, quillacingas, awa, yamacona, waunan, embera chamí, embera dodiba, tulé, zenú, chimilia, arhuaco, kogui; algunas de estas poblaciones ya declaradas en emergencia de extinción desde hace varios años, a ellos se suman las comunidades campesinas afro como las de Esperanza y Mojarra, del Bajo Calima. Muchas de estas viven en condiciones precarias, algunas habitan en las riberas del río Magdalena, en casas sobre palafitos, con techos de zinc y con una ausencia histórica por parte del Estado.
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