
El paro armado del Clan del Golfo que sometió a docenas de municipios al miedo y el confinamiento y nos recordó que los noventa jamás se han ido del todo, fue la última señal que confirma el fracaso absoluto del enfoque social, económico y filosófico del Estado con el narcotráfico. A su manera, este gobierno se ha comportado como algunos sectores posmodernos de izquierda haciéndonos creer que lo que importa son los relatos, las interpretaciones y las intenciones y no los resultados. Los datos.
La puesta en escena de la extradición de Otoniel y todos los esfuerzos por amplificarlo como un triunfo extraordinario del Estado de derecho sobre el crimen, termina alimentando unas ideas equivocadas a las que se ha aferrado el establecimiento, mientras se hacen los desentendidos con la evidencia y las consecuencias de su ingenua cruzada contra las drogas. La aproximación prohibicionista y punitiva ya tuvo demasiadas oportunidades. Basta.
Para muchos colombianos las ruedas de prensa de incautaciones de armas y droga y las alocuciones presidenciales pomposas intimidando a los capos y apelando a sentimientos patrióticos se volvieron paisaje hace mucho tiempo. Pues entendimos que eso es la cáscara del problema y lo que demandamos es atacar el sistema por dentro y destruirlo, para que el consumidor sea el verdadero perjudicado del uso de drogas y no más terceros inocentes. No puede haber un afán mayor que el de disminuir la astronómica tasa de rentabilidad de este negocio. ¿Qué han provocado? Todo lo contrario, dispararla.
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