Tan solo dos meses después de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia hasta la semana 24, el Gobierno –esta vez representado por Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA– se adhirió a un grupo de 36 países antiaborto, enviando un claro mensaje en contra de la autonomía de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de lo que ha avanzado el país en esa materia tras una larga lucha.
El documento firmado –que por fortuna es simbólico y no tiene ningún efecto jurídico– corresponde al Consenso de Ginebra y señala que “no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los estados una obligación de financiar o facilitar los abortos”, todo eso argumentado bajo la premisa hipócrita de defender “la salud integral de la mujer y el fortalecimiento de la familia”.
No sorprende que este Gobierno haya hecho tal adhesión cuando Ordóñez ha sido uno de los opositores férreos al aborto y el propio Iván Duque dijo que la despenalización podría conducir a que este se convirtiera en un método anticonceptivo. Es vergonzoso que el presidente tenga tan poco conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, pero sobre todo, que ignore que el fallo de la Corte beneficia en especial a las mujeres vulnerables que, por diferentes razones (conflicto, ruralidad, condiciones de pobreza extrema, etcétera), se encuentran con muchas barreras para interrumpir su embarazo y quedan condenadas a la clandestinidad.
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