El contralor tiene la responsabilidad de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Al tener esta función es de gran interés de la clase política tradicional y corrupta tenerlo de amigo, y si se puede, de empleado, cosa que constantemente sucede porque la misma ley colombiana lo permite. Son las corporaciones públicas las que escogen quién va a ocupar tal cargo en su respectiva jurisdicción, creando así un “tú me nombras, yo te tapo”.
La función del contralor se convierte en una de bolsillo, respondiendo a sus amigos o patrones, a quienes debería investigar. Ya no es quien vela por la legalidad, es quien retrasa denuncias, archiva investigaciones, persigue contradictores y protege el desvío del patrimonio estatal.
Ante esto, el senador Gustavo Bolívar afirma que es la primera vez en la historia colombiana que el autodenominado “cambio” tiene la oportunidad de evitar lo mencionado, de elegir un contralor que no le deba nada a nadie y que se dedique a su función constitucional ¡Tiene razón! No hay una derecha con mayorías, ni un Congreso principalmente amañado puede elegir de forma coherente y si no es así no tiene a quien culpar. Pero las acciones del postulado por Gustavo Petro a ser presidente del Congreso dictan algo completamente diferente.
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