¿Quién le teme al Acuerdo de Escazú?

El 4 de marzo de 2018 se adoptó por parte de varios países el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este paso significativo se llevó a cabo en la pequeña población de Escazú en Costa Rica, cuyo nombre original en lengua indígena es “itzkazú", que significa lugar de descanso.

Es el primer acuerdo de este tipo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La orientación de dicho acuerdo no podría ser más democrática: luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible. Sus objetivos se dirigen a garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sus principales beneficiarios son las poblaciones de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. ¿Quién podría oponerse a esto?

Increíblemente, durante estos cuatro años transcurridos desde su adopción en Costa Rica, el proceso de aprobación del acuerdo en el Congreso de Colombia ha sido una sufrida carrera de obstáculos, a pesar de que nuestro país ocupa el deshonroso primer lugar entre los países en donde más se asesinan defensores ambientales en todo el mundo. Según la organización internacional Global Witness en el año 2020 se registraron 227 ataques letales contra defensores ambientales a nivel global y 65 de ellos se registraron en Colombia. Una confluencia perversa de intereses económicos y políticos desearía ver descansar el acuerdo en los anaqueles de los proyectos archivados por el Congreso.