La elección de Gustavo Petro generó muchos interrogantes y bastantes inquietudes. Dentro de estos el que más cavilaciones despertó entre los ciudadanos y los analistas fue quizás el manejo de la fuerza pública. No era para menos. Su antigua vinculación con el M-19, sumado a las denuncias y los debates a cargo del Pacto Histórico contra la política de seguridad democrática y su artífice Álvaro Uribe, alimentaron la percepción de que se pueden estar gestando tormentas y situaciones telúricas en ese frente.
Las decisiones iniciales en esa materia, desde la designación del ministro de defensa hasta los cambios en los altos mandos, han acrecentado la especulación y la incertidumbre. Cabe entonces preguntarse, ¿qué pretende el presidente Petro con las sorpresivas y audaces medidas que ha implementado en las escasas dos semanas que lleva en el poder? Aunque algunos les asignan a esas decisiones una inspiración ideológica e interpretan sus actos como revanchismo, la realidad es que el verdadero detonante -por no decir el origen- de las decisiones tomadas recae en el manejo que le dio el uribismo y el gobierno de Iván Duque a la cuestión militar.
El gobierno Duque le entregó el Ministerio de Defensa al Centro Democrático y facilitó una profunda penetración ideológica de las doctrinas uribistas en la oficialidad y las tropas. La politización resultante se ilustra dramáticamente con la retórica política del general Zapateiro quien como comandante activo no tuvo reparo en entrometerse en las elecciones y anunciar que dejaba un ejército dominado por sus seguidores. Todo esto con la aquiescencia y los aplausos del propio Duque. La principal responsabilidad de un mandatario democrático, ante esas circunstancias, era inevitablemente restablecer el control civil del orden público y la disciplina institucional.
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