
Firmé uno a uno los 97 diplomas que acreditaban a niños y niñas de cinco barrios de Quibdó como lectores o lectoras. Antes de firmar leía sus nombres, recordaba a quienes distingo bien y me imaginaba a los otros. 92 son afro, tres son de ascendencia embera y dos son blanco-mestizos. Tienen entre cinco y 16 años y desde finales de 2019 hacen parte del programa Selva de Letras, en el que se encuentran con los libros y a través de la literatura infantil y juvenil fortalecen sus habilidades comunicativas y trabajan en distintas dimensiones del ser.
Hoy, después de llamarlas, una a una, estas personitas dulces y amorosas me daban un abrazo cálido que me hacía recordar el valor del trabajar en equipo con nuestros aliados, con los promotores de lectura y los voluntarios, en extender la garantía del derecho a la lectura en nuestro departamento.
Por estar ocupada en lo que sería este evento prioritario para Motete, casi pasé por alto la relevante noticia de esta semana para el pueblo afrocolombiano; pero esta mañana, antes de irme a recibir abrazos y a llorar de alegría, me senté a leer la sentencia T-276 del 2022 de la Corte Constitucional, que recoge un fallo histórico sobre los irreparables daños de la invisibilidad estadística a la que fuimos sometidos los afrocolombianos, palenqueros, negros y raizales en el Censo de 2018, en el que claramente no nos contaron uno a uno.
El documento de la sentencia debería ser un texto obligado para todas las instituciones estatales, y de gran interés para quienes deseen conocer la invisibilización histórica del pueblo negro en Colombia, la relación que esto tiene con la garantía de derechos y, en consecuencia, la importancia de nombrarnos uno a uno, las veces que sea necesario. Algo que nada tiene que ver con obsesiones por la taxonomía racial ni con simples diligenciamientos de papeles burocráticos.
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