Extradición encajonada

No ha sido un buen comienzo para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para nada. No solo por sus misteriosas desapariciones que ha tratado de justificar con confusas explicaciones. Ni por la desafinada actitud de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con sus declaraciones incendiarias y contradictorias y el maltrato a los medios de comunicación al huir de una rueda de prensa cuando no le gustaron las preguntas. O por la preocupante amenaza del ministro del Interior, Alfonso Prada, de sacar a la gente a las calles si no se aprueba la reforma tributaria. Todos temas muy alarmantes, todos, pero hoy vamos a tratar otro.

El pasado 30 de agosto, el presidente Petro firmó sus primeras ocho órdenes de extradición como mandatario de Colombia. Dicha determinación se dio en medio de la iniciativa del Gobierno Nacional de condicionar esta medida, para alcanzar la paz total planteada por el jefe de Estado desde su campaña rumbo a la Casa de Nariño.

Todos los que fueron extraditados están relacionados con los delitos de lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes. Pese a eso, un caso brilló por su ausencia y es el de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba.