La paz real

La paz total es una ambiciosa y audaz apuesta del nuevo Gobierno en la dirección correcta. Siempre es preferible discutir sobre la mejor forma de alcanzar la paz y no de la estrategia para hacer la guerra. Es en este nuevo escenario del conflicto armado, en el que muchas voces desde el Gobierno, el Congreso y la sociedad civil buscan la desmovilización y el desarme de todos los actores de la violencia en Colombia, incluso aquellos cuya única finalidad es el control territorial para apropiarse de rentas ilegales como las de la minería ilegal y el narcotráfico. La paz se convertirá, entonces, en propósito central del Gobierno que apenas arranca.

La apuesta por esa paz se recibe como un bálsamo de apoyo en las regiones que sufren con dureza el recrudecimiento de la guerra. El firme compromiso del presidente Gustavo Petro y su gobierno, el respaldo de la comunidad internacional y la expresión de voluntad de diálogo de los ilegales, generan un justificado optimismo sobre las posibilidades de éxito en las conversaciones que se emprenderán pronto. No hay duda de que el cambio de lenguaje es positivo y contribuye a aliviar tensiones. Sin embargo, hay que recordar que en los últimos cuatro años crecieron exponencialmente el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo y eso dificulta cualquier negociación. Según las propias cifras oficiales, el ELN pasó de tener presencia en 90 municipios a más de 180 y las disidencias de poco menos de 60 a 115. Iván Duque ni rajó ni prestó el hacha.

Ahora que se rescataron las llaves de las negociaciones de paz del fondo del mar a donde las arrojó el gobierno anterior, resulta importante un debate constructivo de la propuesta que acaba de presentar el actual Gobierno de reforma y prórroga de la Ley de Orden Público, que contiene elementos positivos e ideas audaces que generan interrogantes claves por absolver en los debates del Congreso. ¿Se aplicará justicia ordinaria o transicional a las disidencias de las Farc y bandas criminales? ¿Las zonas que se plantean en la ley son para negociar o para el desarme y la desmovilización? ¿Se mantendrá presencia militar y policial en esas zonas? ¿Hasta dónde llegan las facultades de negociación de los alcaldes? ¿Los acuerdos humanitarios en los territorios implicarían o no la salida de la fuerza pública en esas zonas? ¿Los acuerdos parciales significarían que el desarme y la desmovilización del ELN solo se completaría cuando se implemente lo firmado? La claridad en estos y otros temas contribuirá a fortalecer el camino de la paz.