El presidente Gustavo Petro ha dado suficientes muestras de su indiferencia hacia la independencia de los poderes públicos. En varias ocasiones ha señalado que el peor enemigo del cambio es una legalidad que solo sirve a la preservación del statu quo. No extraña esa actitud. Toda su carrera como guerrillero y como político la construyó sobre la premisa leninista de que la “institucionalidad burguesa” hay que aprovecharla para avanzar la revolución para luego arrollarla cuando se logre la toma del poder.
Y sí que le ha servido esa “institucionalidad burguesa” para sobrevivir y avanzar en política. Fue esa legalidad que le dio amnistía por sus actividades insurgentes y subversivas. Su complicidad con actos terroristas recibió el perdón de la sociedad a cambio de su reincorporación a la vida civil. Sin duda es mucho lo que Gustavo Petro, la Colombia Humana y el Pacto Histórico le deben a la institucionalidad judicial de nuestro país.
Sus derechos a participar en política y los intentos del uribismo por amedrentar, anular e incluso encarcelar a los dirigentes de esa corriente han sido neutralizados precisamente por los jueces y las cortes. Es de público conocimiento que Iván Cepeda, gran senador y líder del Pacto Histórico, ha sido reconocido como víctima de las maniobras legales a cargo de la extrema derecha.
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