
El primer semestre de 2023 será el más importante para el gobierno de Gustavo Petro. Será el momento de hacer ley su legado y darle dientes al rol transformador que ha invocado desde que se lanzó por primera vez a la presidencia. El presidente está convencido de que Colombia “debe superar el neoliberalismo” para que el bienestar y la paz lleguen a las familias. Ese, intuyo, será el test de éxito que se ha impuesto.
Para hacerlo se debe derogar la Ley 100 y que las pensiones y la salud sean administradas casi todas por el Estado. El plan es ambicioso, pero no es todo. Van por todo. En estos meses definitivos han decidido proyectar un plan legislativo de una dimensión que no tiene antecedentes en la historia de la Constitución de 1991. Del 6 de febrero a junio el Gobierno pretende aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, reforma a la salud, reforma política, reforma pensional, reforma laboral, nuevo código minero, nuevo código electoral, prohibición del fracking, prohibición de corrida de toros, entre otros proyectos.
La magnitud de estos proyectos supone casi un rediseño del país. Más que una agenda reformadora, me suena a un plan refundacional. Están en su derecho, con esas promesas la mayoría les levantó el pulgar en las elecciones. Pero estamos otras voces para señalar que pretender socializar, discutir y aprobar semejantes reformas en cuatro meses es una barbaridad.
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