
La declaración de la representante a la Cámara doctora Alfonso, ponente de la reforma a la salud, según la cual no se necesitaba “aval del Ministerio de Hacienda” sobre sus costos fiscales, causó una explicable sorpresa.
Y no es para menos. La cuantificación de los costos fiscales de cualquier proyecto de ley que entrañe obligaciones de gasto público está señalada por la ley como algo obligatorio. Y su inobservancia puede acarrear la inexequibilidad de la ley que haya sido aprobada pretermitiendo tal requisito.
Pero, además: por el gigantesco costo fiscal que parecen acarrear los proyectos de reformas que han sido presentadas a estudio del Congreso, o que están en camino de serlo, el no tener en claro desde un comienzo cuál es su impacto fiscal, significa –ni más ni menos– adoptar el pantanoso camino de la insostenibilidad de las finanzas públicas del país.
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