El hasta ahora escaso impacto de los diálogos que emprendió el Gobierno Nacional con grupos armados ilegales de distinto tipo sobre la tranquilidad y la paz de las comunidades que los padecen de manera directa, es el resultado de haber conducido la política de Paz Total más con el deseo, que con la cabeza.
Como lo demuestran el aumento de los secuestros -un 69% entre enero y septiembre de este año con relación al mismo período de 2022, según el Ministerio de Defensa-, o la persistencia de los confinamientos forzados, no bastaba que la inspiración de ese ambicioso proyecto de pacificación fuera el noble objetivo de disminuir el sufrimiento de los civiles en territorios donde ejercen control esas estructuras ilegales.
En el caso del Eln, el gobierno de Gustavo Petro parece haber asumido, de manera ingenua, que por ser él un presidente de izquierda, la facción más intransigente de esa guerrilla iba a abandonar repentinamente posiciones como la de mantener las armas como garantes del cumplimiento de eventuales acuerdos de paz.
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