Corrupción y violencia de género tras la polémica de los pasaportes

El reporte Coronell reveló un vergonzoso hecho que ocurrió en la Secretaría Jurídica de Presidencia: el canciller Álvaro Leyva le reprochó a gritos a Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que quisiera conciliar con Thomas Greg and Sons en el caso de la millonaria licitación de los pasaportes. La directora, que se dijo que estaba cumpliendo con su trabajo al defender el bolsillo de los colombianos, recibió una sorpresiva respuesta por parte del canciller: “a mí qué me importa que condenen al Estado. Con lo que se demora un proceso en Colombia”. A eso también añadió el ministro Leyva “notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”.

La actitud y lo dicho por el canciller es muy grave tanto por la forma como por el fondo, y merecía un rechazo absoluto por parte del presidente Petro. Lo que ocurrió, sin embargo, fue todo lo contrario. Petro apoyó al canciller en un trino y le pidió la renuncia a la directora Zamora. Esa reacción del presidente manda dos mensajes equivocados. El primero es que no le importa que se derrochen y malgasten los recursos públicos. En otras palabras, que no le importa la corrupción, o, por lo menos, ciertos tipos de corrupción. Al fin y al cabo, al Petro avalar al canciller nos está diciendo que no le preocupa que el Estado pueda resultar condenado por cerca de 10 mil millones de pesos, y que tampoco le importa que la agencia encargada de analizar las probabilidades de ganar un caso así, le diga que lo más posible es que el Estado sea condenado. La función de esa entidad es justamente prever esas posibilidades, y cuenta con expertos y herramientas de inteligencia artificial para determinar con bastante precisión qué tan exitosa puede ser la defensa. Parece ser que es más importante satisfacer su capricho de declarar desiertas las licitaciones cuando haya un solo proponente, aunque la ley así no lo determine, que proteger los recursos de todos los colombianos.

Y es que no es una locura pensar que, en efecto, el Estado puede terminar condenado por estos hechos. La situación, en términos simples, es la siguiente: una empresa aplica a un proceso para ganarse un contrato para la elaboración de pasaportes. Para lograr que se le adjudique, contrata a una serie de abogados, a un equipo financiero, entre otros, e invierte recursos para montar una propuesta de acuerdo con lo que le pide la entidad que inicia el proceso de contratación. Esa empresa es la única que cumple con todos los requisitos necesarios al finalizar el proceso de contratación. Sin embargo, quien representa a la entidad decide no contratar a la empresa porque fue la única que cumplió con lo que se pedía. Todo el tiempo y los recursos que invirtió la empresa en preparar una propuesta que se adecuara a lo que le pidieron, se van a la caneca por una sola razón: por ser el único que cumple. Se le castiga, entonces, por cumplir, por adecuarse a lo que le pidieron. La excusa que le dan es que el proceso está prefabricado a su favor.