Fallas de Estado

Los departamentos, los municipios y las entidades públicas se ven forzados a rebuscar improductivamente fuentes de ingreso adicionales a las que les corresponden legalmente porque es frecuente que no puedan darles complimiento a sus misiones por falta de recursos presupuestales. Los gobernadores buscan incesantemente cómo extraer recursos con estampillas y esquemas por el estilo, que terminan siendo demandados. En otros casos, la entidad pública que se ve obligada a pagar un impuesto municipal, por ejemplo, tiene que escoger entre eso o llevar a cabo sus proyectos.

Tratando de no pagar ese impuesto o de trasladar ilegalmente esa obligación a particulares, entidades del Estado se convierten en evasores de impuestos o en alcabaleros ilegales. Pretenden no tener esa obligación cuando los habitantes y las empresas del país deben pagarles a los municipios el impuesto predial, ya que este es una de las principales fuentes de recursos propios de los gobiernos locales. Esta es la situación que enfrentan las entidades públicas propietarias de bienes como los aeropuertos y los puertos marítimos dados en concesión a particulares. Estos propietarios oficiales no obtienen recursos del presupuesto nacional para pagar esos impuestos y hacen colosales esfuerzos para buscar que las empresas que tienen las concesiones los paguen, violando los contratos de concesión y las leyes que expresamente lo prohíben. Esto lo han combatido las concesiones por la vía legal y probablemente no quedará resuelto en muchos años. Mientras tanto, los municipios afectados permanecen en crisis financiera carentes de una de sus principales fuentes de recursos.

Otra falta grave de la administración presupuestal es que rara vez se tiene en cuenta cómo las decisiones presupuestales afectan la rentabilidad de la inversión, lo que es quizás una de las causas de que la inversión pública en América Latina no esté positivamente correlacionada con el crecimiento económico. Por ejemplo, si no se resuelven las necesidades básicas de las comunidades que habitan territorios colindantes con la doble calzada a Buenaventura, la rentabilidad de esa carretera se reduce sustancialmente y su impacto económico puede resultar hasta negativo, porque los productores de la región occidental del país se ven obligados a manejar su carga internacional en los puertos del Atlántico. Con algo de razón dicen algunos economistas que se justificaría pagarles a esas comunidades para que den la autorización, aunque se aumente el gasto de inversión en esa vía, para que pueda desarrollar su potencial como inversión. Sería mejor que el Gobierno, entendiendo que las carencias de esas comunidades son mayúsculas, realizara una inversión previa a la adjudicación de la carretera, en servicios, educación, salud y empleo, y que antes de adjudicar la obra negociara con la comunidad, la autorización para hacerla.