Recursos públicos e internacionales y riesgos asociados en zonas de conflictividad

Llegando al final del año, el frenesí de diciembre se recarga con diferentes noticias. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en una gran demostración de habilidad política, nomina a Colombia para ser sede de la COP 16 de Biodiversidad el siguiente año, y es aceptado por los países parte. Tremendo éxito, sin precedentes, que tiene diferentes implicaciones, además de lo que corresponde a la visibilidad nacional en el contexto de las discusiones sobre los mecanismos financieros, las metas de reducción de emisiones, o la transición energética.

Un país como Colombia, recupera liderazgo en el escenario internacional, que ha estado opacado en años recientes por posturas moderadas que han estado bajo la influencia de sectores políticos y económicos que aún les cuesta trabajo asumir las implicaciones para un país tropical como el nuestro, la acelerada pérdida de biodiversidad y su sinergia negativa con los eventos climáticos extremos en territorios que, en general, tienen conflictos de uso del suelo, rural y urbano.

Esto, pone de relieve, la crisis mundial por los escasos recursos de financiación provenientes de los países considerados grandes emisores de gases efecto invernadero que, a su vez, tienen la llave de los grandes préstamos para países en proceso de industrialización, que destinan gran parte de su propios recursos al pago de la deuda. Hasta allí, la historia es consistente.