Tranquilidad institucional

La Corte Constitucional peluqueó la mal denominada ley de paz total y tumbó la emergencia económica en La Guajira y parte importante de la reforma tributaria; la Junta Directiva del Banco de la República, en contravía de la posición del Gobierno, mantiene altas las tasas de interés porque la inflación no cede como se esperaba y el Congreso completará dos periodos de sesiones ordinarias debatiendo sobre el paquete de reformas sociales presentado. Esas noticias de las ultimas semanas no son la manifestación de oposición de magistrados, integrantes de la junta del Banco o congresistas, sino la vigorosa expresión de una democracia sólida, en la que los pesos y contrapesos de poder funcionan adecuadamente. Caso distinto es el del fiscal general, que en su último año de gestión decidió quitarse su camiseta de rector de la política criminal del Estado para ponerse la de opositor político al Gobierno nacional.

Esa clase de decisiones adoptadas por instituciones independientes y autónomas no son nuevas en Colombia. Se equivoca el Gobierno cuando reacciona en forma desfavorable y las critica con dureza. Basta recordar el fallo de la Corte Constitucional que impidió que el expresidente Uribe aspirara a un tercer mandato; las valerosas decisiones de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica o la forma como la misma Corte Constitucional recortó los poderes de Santos para implementación del acuerdo de paz con las Farc.Y más recientemente, el rechazo a las absurdas objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP, que pretendían hacer trizas la paz. En el caso del Banco de la República son recurrentes sus divergencias con los gobiernos de turno alrededor del nivel de tasas de interés o la intervención en la tasa de cambio. En cuanto al Congreso hay que recordar el hundimiento de los distintos proyectos de reforma política de Santos, la caída de la reforma tributaria de Duque o las modificaciones al referendo de Uribe.

Asistimos entonces a una nueva demostración de que la Constitución del 91 quedó bien hecha en lo relacionado con el equilibrio de poderes entre las instituciones del Estado y la reforma de 2015,que prohibió la reelección los altos funcionarios públicos, consolidó ese balance que permite preservar la confianza internacional, independientemente de la orientación política del Gobierno de turno. Se quedarán con los crespos hechos los radicales de derecha que sueñan con tumbar a Petro y sus pares de la izquierda que lo hacen con una prolongación de su permanencia en el poder. Los analistas e inversionistas objetivos han visto en estos 15 meses un país en el que se respetan las instituciones y funciona una plena separación de poderes. Hay un presidente que propone con insistencia unas reformas sociales en las que cree y una política de paz que considera necesaria. Un Congreso que aprueba la reforma tributaria más ambiciosa en décadas y frena la reforma a la salud que no convence a los partidos y tampoco a la ciudadanía. Una Corte Constitucional que avala buena parte de la reforma tributaria declara inexequibles algunos de sus artículos tramitados irregularmente y mantiene inalterable su jurisprudencia que limita los poderes presidenciales al decretar el estado de emergencia económica y social. Y una Corte Suprema de Justicia y un Consejo de Estado que ratifican con hechos su independencia frente al Ejecutivo.