De nuevo el sometimiento

Por cuenta del largo conflicto armado interno que padecemos, los colombianos nos convertimos en expertos a nivel global en la creación de normas que buscan la desactivación de los distintos grupos armados ilegales. En los últimos 30 años pasamos de las leyes de indulto y amnistía que beneficiaron al M-19, a la política de sometimiento diseñada para los carteles de Medellín y Cali, hasta la ley de justicia y paz del proceso con los paras. Ahora el Gobierno anuncia el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que recoge en buena parte las experiencias del pasado.

Los principios generales de la propuesta están bien orientados, más allá de serios problemas en su redacción. En primer lugar, porque define que se trata de una oferta de rebaja de penas por parte del Estado, a cambio del desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. Se determina, entonces, que con esos grupos no se puede establecer ninguna negociación de carácter político. En segundo término, se garantizan penas que pueden llegar hasta los 12 años, 8 de los cuales en establecimientos carcelarios y los 4 restantes con penas restaurativas para reparar a las víctimas. Así mismo, queda claro que las penas privativas de la libertad se cumplirán en los establecimientos que tiene hoy la autoridad penitenciaria, con lo que se espanta cualquier suspicacia sobre condiciones especiales de reclusión que se negociaron en el pasado con pésimos resultados.

Por su parte, el fiscal general ha expresado dudas razonables con respecto al proyecto, que vale la pena que sean evaluadas por el Gobierno antes de presentarlo al Congreso. Tiene razón al solicitar que se establezcan topes cuando se permite que un porcentaje de los bienes entregados por los criminales quede en sus manos. También es válida la solicitud de la Fiscalía de no establecer en la ley una competencia particular a ninguna unidad de la propia entidad en la ejecución de esta política. Es conveniente que el propio ente acusador tenga la libertad de conformar los equipos responsables de adelantar una tarea de esta magnitud. Otras observaciones de la Fiscalía contribuyen, sin duda, a mejorar la iniciativa, y la disposición al diálogo del ministro de Justicia es una buena señal para avanzar en acuerdos.