El Gobierno de Gustavo Petro parece creer que todo lo puede hacer el Estado, vale decir, el sector público. Todos los anuncios, trinos, decretos y resoluciones le asignan nuevos cometidos al sector público, pero dejan la impresión de desdeñar olímpicamente al sector privado.
Es una manera peculiar de entender el papel del Estado. Y es una manera equivocada: en la sociedad moderna la colaboración entre el sector público y el privado es cada vez más necesaria. Tanto más cuando contamos con un sector público famélico y de incapacidad administrativa protuberante.
Lo que hemos visto recientemente en materia de peajes es muy ilustrativo: se congelan las tarifas para 2023; se anuncia que el Estado resarcirá a los concesionarios; no se explica claramente cómo, y se habla de una lontana aplicación del impuesto de valorización para tal efecto.
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