
La semana pasada la Fiscalía General de la Nación publicó una noticia que a muchos nos impactó en el Chocó: cuatro personas, dentro de las que se encontraba un exdirector de la Corporación Autónoma Regional del departamento, fueron capturadas y son sindicadas, según su posible grado de responsabilidad, por delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales y constreñimiento a la prostitución agravado.
Una de las personas involucradas en el proceso es una antigua vecina mía, por lo que me sentí mucho más sorprendida. A ella se le acusa de haberse aprovechado de las precarias condiciones económicas de un par de familias para ofrecerles su apoyo en la manutención y cuidado de dos niñas de 10 y 11 años. Y posteriormente haber ofrecido a los dos hombres sindicados, tener relaciones sexuales con las dos menores de edad, a cambio de dinero. La otra mujer imputada habría presionado a las víctimas para que no se resistieran a las agresiones.
Pasados algunos días, la mamá de una de las víctimas decidió llevar a su hija a vivir a una fundación de apoyo donde la menor informó lo sucedido con ella y su amiga. Ante esto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) restauró los derechos de las dos menores de edad.
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