
Los profetas del desastre advertían el semestre pasado que el Gobierno Petro había montado una aplanadora en el Congreso que aprobaría sin debatir su agenda legislativa. La decisión de partidos como el Liberal, Conservador y La U de declararse partidos de gobierno, generó preocupaciones en distintos sectores que consideran importante la existencia de contrapesos al ejecutivo en el Congreso y la justicia. Sin el menor análisis, algunos afirmaban que la aprobación de la reforma tributaria y de la ley de paz total, constituían la demostración más clara de que el gobierno manejaba unas amplias y sólidas mayorías para hacer lo que quisiera. Olvidaron esos analistas que todo nuevo gobierno en Colombia pasa su reforma tributaria en los primeros seis meses e igual sucede desde 1997 con las sucesivas prórrogas de la ley de orden público. Desconocieron también que esos dos proyectos entraron al Congreso de una forma y salieron con modificaciones importantes.
Las duras controversias de este semestre alrededor de las reformas sociales, el hundimiento de la reforma política la semana pasada y las dificultades para avanzar en proyectos como el de humanización penitenciaria y la ley de sometimiento, demuestran que la tal aplanadora petrista no existe. Los críticos de oficio que expresaban su preocupación por nuestra democracia, ante la supuesta ausencia de contrapesos, ahora deben reconocer el amplio debate que se ha desatado alrededor de la reforma a la salud, la pensional y la laboral, así como la fuerte y efectiva reacción ciudadana ante los micos que se pretendieron meter a la reforma política. Estos hechos desactivan por completo la alarmista y absurda tesis de que vamos camino a una “venezolanización” del país. Este gobierno, al igual que los anteriores, encuentra límites para sus propósitos tanto en la deliberación democrática del Congreso, como en las decisiones de la justicia.
Por ello, es importante situar la discusión sobre la agenda de reformas en el lugar adecuado, sin fantasías ni exageraciones. Algunos con histeria y mala fe pretenden hacernos creer que Petro es un hombre perverso que luchó 30 años por llegar al poder con el único objetivo de dañar todo lo que funcionaba bien en Colombia. Que si plantea un proyecto de humanización de las cárceles, es para tirarse el “ejemplar” sistema penitenciario que tenemos, en el que no se violan los derechos humanos, la resocializacion es efectiva y la corrupción y el hacinamiento no existen. Que si el gobierno propone una reforma pensional, parecida a la propuesta por la Coalición de la Esperanza, es porque quiere dañar un sistema de lujo en el que todos los adultos mayores de 65 años disfrutan una pensión digna. Que si Petro busca recuperar los derechos de los trabajadores, que Uribe les arrebató en 2003, es porque quiere destruir el empleo de los colombianos y un modelo laboral ideal que les garantiza trabajo estable. En fin, algunos salen en forma virulenta e irracional contra las reformas propuestas, como si todo anduviera de maravilla en Colombia.
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