Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Carreteras bloqueadas, policías asesinados, robos a mano armada, civiles agrediendo física y verbalmente a la fuerza pública, ataques terroristas, cerca de ochenta intendentes y agentes secuestrados, sicariato desatado, son solo algunas de las noticias destacadas en el frente del orden público. Son una verdadera avalancha de hechos que combinados arrojan una conclusión inevitable: aquí está pasando algo.

La ciudadanía se siente inerme y abandonada, como en momentos siniestros. Desde las épocas del narcoterrorismo de Pablo Escobar y los tiempos de las envalentonadas Farc tomándose capitales, pueblos y bases militares, no se veía una situación de orden público tan deteriorada. Hoy el Estado colombiano atraviesa uno de los peores momentos de su historia en cuanto a su capacidad de ejercer el monopolio del uso de la fuerza. Los indicadores cualitativos y cuantitativos apuntan en la dirección de una crisis de orden público.

La expansión y consolidación de la criminalidad estructurada, nutrida por rentas ilegales, ha generado un acceso -en la práctica ilimitado- a las armas y a otros instrumentos para el terrorismo. Todo indica que se han incrementado los grupos, actores e individuos involucrados o propensos a la actividad criminal. La expansión de la minería mafiosa, la trata de personas, la extorsión, el microtráfico, el sicariato, la depredación de bosques, entre otros fenómenos delictivos, ha producido un efecto centrífugo que lleva a que la capacidad de ejercer coerción esté cada vez menos en manos del Estado y cada vez más en manos de particulares.