La Fiscalía General de la Nación firmó un contrato a dedo para la adquisición de un sistema de rastreo y recaudo de telefonía celular, con una compañía representada por una persona que ha sido investigada por violación ilícita de comunicaciones y por hurto informático. El escándalo se escribe solo.
Pero ayudémosle a la historia que está entretenida. Y para eso hay que empezar por los detalles. El 19 de diciembre de 2022, por medio de contratación directa, el ente investigador firmó el acuerdo 0266-2022 con la empresa Ciber-Tec SAS. Ah, esos días de finales de diciembre, con sus aguinaldos, villancicos y contrataciones directas.
El contrato está firmado por Astrid Torcoroma Rojas, directora ejecutiva de la Fiscalía, pero fue solicitado por el líder de la sección Control Telemático del cuerpo técnico de investigación con el visto bueno de: el jefe del departamento de investigaciones nacionales; el subdirector nacional de tecnologías de la información y las comunicaciones; y del director del cuerpo técnico de investigación. Es decir, de todo el mundo que tiene un cargo largo y complicado en el ente de investigación.
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