En la reunión de Proantioquia en Medellín a la que asistió el presidente de la república la semana pasada, les dijo a los empresarios paisas allí reunidos que estaba dispuesto a negociar “el modelo económico del país”. No aclaró con quién exactamente estaba dispuesto a negociarlo. Pero agregó en esa misma reunión que no pensaba cometer el mismo error de Juan Manuel Santos, que siempre fue claro en el sentido que el “modelo económico de Colombia” era una línea roja que estaba excluido de los temarios de los diálogos de paz con la guerrilla.
En la agenda que se acordó con el ELN en México en el punto denominado “democracia para la paz” se dice que habrá un espacio de “deliberación social” que supone “examinar “el modelo económico y político” desde una perspectiva democrática y mediante la participación de todos los sectores, sin exclusiones. Es decir, dentro de los parámetros del sistema democrático, sus instituciones y procedimientos”. (ver El Tiempo, 2 de abril, página 1.4).
Ahora bien: ¿cómo se tramitará, en la práctica, este propósito?
Es evidente que la armazón de toda la arquitectura del modelo económico colombiano está recogida en la Constitución del 91. Allí se trazan los perfiles de la “economía social de mercado” que es el alma de nuestro modelo económico. Es en la carta política donde se dice que se respeta la iniciativa privada, la libre competencia y la empresa privada; es allí donde se encuentran los parámetros de cómo se hará la intervención del Estado en la economía; donde se precisa que los servicios públicos los puede prestar el Estado, las organizaciones comunitarias y la empresa privada; y donde se puntualiza que habrá un banco central rodeado de independencia frente al Ejecutivo. Se ha calculado que cerca de una tercera parte de las normas constitucionales tienen que ver con la organización de la economía.
De manera que si hay el propósito de “negociar el modelo económico colombiano” irremediablemente habrá que entrar a negociar la carta del 91, en todo lo que se refiere a la armazón de nuestra estructura económica.
Me llamó mucho la atención que según relató el corresponsal de El País de España en México, en la versión inicial de la agenda que llevó el Gobierno a la mesa de negociaciones se hablaba de que Colombia es “un Estado social de derecho”, tal como lo pregona rotundamente el artículo primero de la Constitución: “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Pues bien, parece que la delegación del ELN se opuso terminantemente a que se hiciera esa mención, y, lo que es más sorprendente, la delegación gubernamental se plegó a esta impertinente exigencia del ELN. La mención terminó siendo abandonada en la versión final de la agenda que se adoptó.
En otras palabras, en la agenda de los temas que se van a negociar con el ELN resultaron decapitadas las primeras palabras con que comienza nuestra carta política. Grave. muestra además gran flojera de quienes están representando al Gobierno en esta mesa, pues ni siquiera lograron defender que se preservara el título mismo que nuestra carta política le otorga al “modelo económico y social” que impera en Colombia. Mal preámbulo y peor augurio de lo que puede estar por venir en estas negociaciones.
Será el lector quien juzgue cuáles son las similitudes entre esta omisión a la que accedió la delegación gubernamental en Mexico, y el anuncio que hizo el presidente Petro ante el conspicuo auditorio de los empresarios paisas que lo escucharon en Medellín.
Lea los comentarios
